En una segunda carta abierta, la familia del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, punturalizó las declaraciones realizadas por el gobernador Salomón Jara Cruz en las que señaló que decidió modificar su recorrido durante el desfile de delegaciones para evitar “caer en provocaciones”.
En un pronunciamiento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la opinión pública, los familiares rechazaron esa versión y sostuvieron que la manifestación realizada el 25 de julio fue completamente pacífica y tuvo como único propósito exigir justicia por el homicidio del comunicador.
“Nuestra familia no mostró actos provocativos”, afirmaron.
Salomón Jara expuso en la mañanera del martes que evitó la confrontación con la protesta, por ello modificó el tránsito frente al Paseo Juárez El Llano.
Los deudos de Alejandro Leyva, en carta enviada a Claudia Sheinbaum, aclararon que que su protesta se desarrolló en un ambiente de respeto, sin incidentes que alteraran el desarrollo de la Calenda de las Culturas y sin intención alguna de confrontar a las autoridades estatales.
Recordaron que entre quienes participaron había principalmente mujeres —incluida una mujer embarazada—, hombres jóvenes y dos adultos mayores.
Según expusieron, el objetivo era rendir homenaje al periodista y expresar públicamente el dolor que dejó su asesinato.
Los familiares sostienen que, pese al carácter pacífico de la protesta, funcionarios del Gobierno del Estado habrían intervenido para impedir que su mensaje tuviera visibilidad.
Otro de los puntos que la familia cuestionó fue el comunicado emitido por la Secretaría de Gobierno de Oaxaca el 28 de julio, en el que se informó que las acciones implementadas durante la manifestación estuvieron apegadas al denominado “Protocolo de Atención a la Protesta Social”.
Los familiares afirmaron desconocer dicho protocolo y señalaron que, hasta donde tienen conocimiento, no ha sido publicado en el Periódico Oficial del Estado.
Por ello, consideraron que existe una contradicción entre el discurso gubernamental de respeto a la libertad de expresión y las acciones emprendidas durante la protesta.
Asimismo, aclararon que nunca buscaron establecer una mesa de negociación con el Gobierno del Estado.
“No tenemos una demanda particular con el gobierno estatal”, señalaron.
Explicaron que no representan a una organización social ni a una comunidad que solicite atención institucional, sino que son una familia que exige el esclarecimiento del asesinato de uno de sus integrantes.
“Estábamos haciendo una protesta en paz, aclamando justicia”, recordaron, citando las palabras de uno de sus familiares.
Recordaron que el propio mandatario declaró públicamente que no advirtió que la manifestación era pacífica y que conoció esa circunstancia posteriormente.
Para los familiares, esa declaración abre interrogantes sobre quién tomó las decisiones operativas durante el evento y quién informó al gobernador sobre lo que ocurría.
“¿Quién le informa las cosas al gobernador y quién toma semejantes decisiones a sus espaldas?”, plantearon en el documento.
A juicio de la familia, lo ocurrido refleja fallas en la coordinación institucional y en la forma en que se atendió una manifestación ciudadana.
