Para el presidente de la organización Litigio Estratégico Indígena (LEI), Carlos Morales Sánchez, la omisión de autoridades a nivel federal, estatal y municipal persiste y con ello se agrava la contaminación de ríos como el Atoyac y Salado.
En entrevista, quien impulsara un amparo a nivel federal en contra de Conagua, Semarnat, Profepa y los ayuntamientos de la capital y Santa Cruz Xoxocotlán para que pusieran en marcha acciones de rescate de los afluentes, lamenta que los ríos sigan sin ser atendidos.
“La omisión de atención persiste, pero nadie quiere ver esa contaminación, la contaminación en los ríos se incrementa, los ríos moribundos siguen siendo basureros y a ninguna de nuestras autoridades parece importarles”, expone.
A casi un año de cumplirse el mandato del Poder Judicial de la Federación sobre el saneamiento del río Atoyac en Oaxaca, no hay acciones visibles, ni tampoco acciones por parte de las autoridades responsables, advierte.
Expone que Litigio Estratégico Indígena AC sigue poniendo sobre la mesa del debate la contaminación de los ríos, “tenemos cuatro años en este litigio y no cejaremos, pues seguiremos en nuestra lucha por hacer visible la contaminación”.
Como abogado de Litigio Estratégico Indígena y parte de la ciudadanía oaxaqueña celebramos la histórica sentencia emitida por la Juez Elizabeth Franco Cervantes, titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, apunta.
Olvidan las prioridades
Morales Sánchez recuerda que en la sentencia se ordena que se realicen las acciones necesarias para salvar a los ríos Salados y Atoyac y fue dirigida a las autoridades ambientales federales, estatales y municipales, pero es fecha que nadie la acata.
Sostiene que las autoridades de Xoxocotlán, Oaxaca de Juárez y funcionarios de Conagua Pacifico Sur y Consejería Jurídica, impugnaron la determinación por eso aún no es obligatorio su cumplimiento.
“Dichas autoridades, en vez de cumplir la sentencia, decidieron chicanear el asunto y promover recursos que han retardado la ejecución de la generosa sentencia de amparo”, dice.
Los funcionarios olvidan que los ríos deben ser cuidados y protegidos, no porque lo ordene una sentencia de amparo, sino porque son parte de nuestro planeta, proveedores de vida y agua, además de que la ley les obliga a proveer su saneamiento.
Explica que diversas autoridades encargadas de atender la situación de los ríos, en vez de cumplir la sentencia, decidieron recurrirla, de esa manera evaden intervenir en el rescate de los afluentes Salado y Atoyac, que es impostergable.
Y en breve un Tribunal Colegiado de Acapulco deberá resolver los recursos de revisión interpuestos por las autoridades responsables, si el resultado es favorable, la ciudadanía tendrá en el juicio de amparo un mecanismo, una herramienta para la protección del medio ambiente, concluye.
No cuidar ríos: acto suicida
Silvia Bustamante Arreola, encargada del proyecto México – Unión Europea expone que no hay una conciencia plena por parte de las autoridades sobre la importancia de cuidar el medio ambiente en Oaxaca.
“No se le da la importancia que tiene la cuestión del medio ambiente y (el rescate del río) se ha dejado a un lado, entonces nosotros mismos nos estamos acabando y ahorcando con no cuidar el entorno”, dice.
Pero también se pregunta sobre la calidad de vida que se les heredará a las nuevas generaciones, toda vez que hay una enorme contaminación en los Valles Centrales y en otras regiones que no han sido atendidas, comenta.
Bustamante Arreola admite la importancia de la coordinación entre la sociedad civil y las autoridades como salvadoras de espacios que han sido descuidados por décadas y que van en contra de los derechos humanos.
Señala que las comunidades rurales e indígenas de México tienen una gran responsabilidad y uno de los más significativos atributos, ya que el 39% de los bosques y el 60 % de las selvas se encuentran en regiones indígenas.
Las cuales, dice, han afrontado durante años serios problemas y una serie de trabas que obstaculizan el pleno derecho de las comunidades a manejar sus territorios.
Bustamante Arreola agrega que, de acuerdo con el artículo 29 de la Declaratoria de la ONU, los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras y recursos.
Asimismo, manifiesta que el artículo segundo de la Constitución Mexicana reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y autonomía para conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras.
Faltan recursos para poner en marcha proyectos
Por ejemplo, la presidenta de San Lorenzo Cacaotepec, Alba Arsenia García, externa que la falta de recursos económicos, voluntad y disposición ha retardado las acciones de saneamiento de uno de los afluentes más importantes en el estado.
“Estamos luchando con los depósitos de basura, con las aguas residuales, además de denunciar el saqueo indiscriminado de nuestros recursos naturales, pero hasta ahora nada se ha resuelto”, detalla.
Incluso apunta que con la Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (Semaedeso) firmaron algunos documentos para trabajar, “pero estamos a la espera (que se concreten), al no ser únicamente tema de San Lorenzo, sino de muchos municipios más.
Omisión en 123 municipios
Sergio Pablo Ríos Aquino, integrante de la asociación Ingeniería y Medio Ambiente presentó junto a otros integrantes el diseño y establecimiento de un Plan de Seguridad y Saneamiento de la Sub Cuenca Alta del Río Atoyac.
Ante ciudadanos, activistas y expertos del tema afirma que la atención del río requiere de una atención integral y cuyos resultados no se verían a corto plazo, sino en unos 10 o 15 años.
Explica que el Atoyac es el principal afluente de los Valles Centrales y abarca cerca de 243 municipios a lo largo de su trayecto, “tan sólo en los Valles Centrales cruza por 123 municipios y es necesario ir por etapas”.
Luego de un año y medio de trabajo detalla que con sus estudios será necesario comenzar a trabajar en municipios como San Francisco Telixtlahuaca, San Pablo Huitzo y la Villa de Etla, en donde los niveles de contaminantes son altos.
El ex funcionario estatal expone que las acciones de rescate integral deben ir acompañadas de una iniciativa a la ley orgánica municipal del estado de Oaxaca, que establezca el derecho humano de toda persona al acceso y disposición de agua para consumo humano personal – doméstico.
Asimismo añade que el 60% del vital líquido se va a los cultivos, otra parte al uso público–urbano, luego uso múltiple y doméstico, para lo cual se requiere de la aplicación de recursos de órdenes municipal, estatal y federal.
“Aplicar un proyecto adecuado es urgente pero necesita de inversión y sobre todo coordinación interinstitucional, porque tienen que ver con el ámbito municipal y que incluye el saneamiento de plantas de tratamiento de aguas residuales, reutilización del agua residual y otros aspectos fundamentales”, subraya.
Sobre coberturas de servicios explica que no todos los ciudadanos de los municipios cuentan con ellas, de ahí los altos niveles de deficiencia de cobertura, manejo adecuado y aprovechamiento.
La Conagua pide tiempo
En su oportunidad, Julio López Hernández, director del Organismo de Cuenca Pacífico Sur (OCPS) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), subraya que al tener poco más de un mes en el cargo, es necesario revisar todos los proyectos y requerimientos.
“Yo vengo dispuesto a trabajar, a revisar los temas y requerimos la participación de la ciudadanía, dado que Oaxaca sí tiene problemas severos de agua, el cual debe enfrentarse de manera integral y con corresponsabilidad”, apunta.
La justificación
Para Jarumi Esperanza Méndez, subsecretaria de Normatividad Ambiental de la Semaedeso, no se han tenido los recursos económicos necesarios para poner en marcha los proyectos de saneamiento del río Atoyac.
“Estamos todavía en la fase de diagnóstico de saneamiento de cuencas, porque requiere algo más que limpieza y eso necesita de recursos y acuerdos con los ayuntamientos de los Valles Centrales”, expone.
La funcionaria pública estatal dice que han realizado visitas de inspección a lo largo del afluente para evitar la sobre explotación de recursos naturales y vertimiento de aguas negras.
“Pero no todo nos toca a nosotros, porque también es competencia de la Federación y son ellos quienes han actuado para sancionar o ejecutar medidas precautorias en la zona del Atoyac”, manifiesta.
Invita a la ciudadanía a denunciar los actos que afectan a los ríos en el estado para que las autoridades puedan actuar en consecuencia y frenar su deterioro, al ser recursos vitales para la sociedad.
