Integrantes del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos, Gobixha A.C., (Código DH), exigieron a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) a través de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, acreditar la legalidad sobre el traslado masivo de internos de la Penitenciaría Central de Santa María Ixcotel.
Advirtieron que los procesos de traslado penitenciario propicia violaciones a los derechos humanos como situaciones de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes debido a que aumenta la incomunicación y la falta de asistencia de un defensor.
Estos riesgos además, se potencializan debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, situación ante la cual, la población privada de la libertad no ha sido atendida con eficiencia y apego a derecho.
En ese sentido, Código DH emitió un pronunciamiento en el cual destaca que para garantizar la dignidad humana de las personas privadas de libertad y la gobernabilidad en los centros de reclusión del estado de Oaxaca, el poder judicial necesita impulsar la legalidad en los procesos de traslados.
Por su parte, la Asociación Civil Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), también se pronunció en contra de estos traslados masivos, los cuales advirtió afectan y agreden a las personas privadas de libertad, además, terminan por causar graves consecuencias en sus familiares también.
“Ellas y ellos, al no saber del paradero y estado de las personas, desde la desesperación, se ven obligadas a efectuar investigaciones y seguimientos con sus propios medios para poder volver a verles, si es que lo pueden costear. En los peores casos, como sería el de grupos en situación de vulnerabilidad como las personas pertenecientes a pueblos indígenas, podrían pasar semanas, meses o años sin conocer el paradero de su familiar, configurando así una desaparición forzada, sin importar que la víctima sea una persona bajo la tutela del Estado”.
Por último y sin olvidar su importancia, detalló que estas acciones están sucediendo durante una pandemia global que ha cobrado más de 90 mil vidas en el país. “Los riesgos sanitarios que se están asumiendo, a partir de la propia salud de todo el personal penitenciario y especialmente las personas trasladadas, podría causar rebrotes posiblemente más fuertes que los que hemos visto en los últimos seis meses y que hemos visibilizado a través del Mapa Penitenciario COVID-19.”, advirtió.
