Aunque la violencia en contra de las mujeres aumentó durante los primeros meses de la emergencia sanitaria de Covid-19, las instancias de gobierno han dejado en la desprotección a quienes conforman la mitad de la población mexicana, según señala un informe del Observatorio Ciudadano de Centros de Justicia para las Mujeres.
El documento Violencia en espera de atención fue publicado por la organización Equis: Justicia para las Mujeres y otras como el Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos. En él se señala que aunque estos centros de justicia siguieron brindando servicios, operaron con deficiencias y retos a raíz de la pandemia.
En algunos casos, operaron en horarios distintos a los que deberían seguir o incluso restringieron y condicionaron el acceso de las denunciantes. Además de que el personal que las recibió no contaba con las capacidades y formación para ello.
En el caso de Oaxaca, se señala que “al comparar la información declarada por las funcionarias con los testimonios y documentos públicos de la Conavim, se encontró una contradicción respecto a los horarios”. Y es que organizaciones y acompañantes de ese estado dijeron que el Centro de Justicia (Cejum) de la entidad tiene un horario de 8:00 a 15:00 horas, contrario a lo dicho por la servidora pública del mismo.
El informe analizó el funcionamiento de cuatro de los 48 centros de justicia en el país: el de Mérida (Yucatán), Oaxaca (Oaxaca), Torreón (Coahuila) y Tlaxcala (Tlaxcala). Al tratarse de instancias con servicios esenciales, explica que tuvieron que adaptarse a nuevas medidas, plataformas y protocolos para atender la demanda de justicia de las mujeres.
No obstante, “tuvieron poco tiempo para adaptarse a la nueva realidad” y eso derivó en retos que siguen sorteando. Además de que en algunos hay personas que carecen de formación especializada en perspectiva de género.
Por ejemplo, como cita el documento, las usuarias del Cejum de Oaxaca notaron como limitante para acceder a los servicios la ubicación del centro, ya que este se ubica “dentro de las instalaciones de la fiscalía, por lo que al ingresar, el personal encargado de la recepción y orientación de usuarias condiciona el acceso al Cejum a la interposición de una denuncia e incluso, en algunas ocasiones, desincentiva la entrada”.
Y esos fueron los casos de Tamara, Lorena y Patricia, tres usuarias cuyos testimonios recoge el informe, ya que el acceso estuvo condicionado al registro de una denuncia.
“Patricia refiere que su atención en el edificio fue rápida, pero que no pudo entrar a las instalaciones del Cejum, pues al contarle al orientador que tenía conflictos con su pareja y quería asesoría, él le dijo que era muy joven y simpática y que mejor tratara de resolver sus problemas en su casa. Ella considera que fue poco ético lo que hizo el orientador”.
En este estado, otras limitantes tenidas por las usuarias son las relacionadas con la continuidad a los servicios de psicología y de investigación, ya que por la emergencia sanitaria “estos servicios no se están prestando por otros medios más que el presencial”.
Basadas en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las organizaciones que conforman el observatorio refieren que en el primer semestre del año, los delitos de violencia de género aumentaron 20.2%, comparado con el mismo periodo de 2019.
Al igual que esto, “las llamadas de emergencia al 911 relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer aumentaron un 45%, en comparación con el periodo de enero a junio de 2019”.
Pero desde los centros de justicia, el informe detectó una falta generalizada de “información pública, accesible y concisa, que sea presentada por mecanismos de transparencia proactiva, para conocer la situación y estadísticas de los Cejum durante la crisis por COVID-19”. Ante ello, señala que la evaluación del trabajo de los mismos y el seguimiento es limitado, como las recomendaciones a seguir.
