Aunque la mayoría de las bases de los trabajadores del Gobierno del Estado que fueron revocadas, fueron entregadas durante la administración de Alejandro Murat Hinojosa, de acuerdo con datos de las autoridades estatales tan solo en los últimos 10 años, la plantilla de burócratas se disparó hasta en un 47.80 por ciento.
Por ello, durante los sexenios de Gabino Cué Monteagudo y Murat Hinojosa, las plazas de base pasaron de 8 mil 187 a 12 mil 244, lo que representó un aumento de más de 2 mil 24 millones de pesos pagados en servicios personales del presupuesto del Poder Ejecutivo.
El gobernador Salomón Jara Cruz reconoció al Congreso del Estado por la aprobación del decreto por el que se suprimen mil 344 plazas administrativas entregadas durante el periodo comprendido de 2016-2022.
El mandatario estatal señaló que el dictamen enviado a la Legislatura está alineado a los principios de austeridad republicana, y tiene el objetivo de hacer un mejor uso de los recursos públicos, de manera responsable y eficiente, para generar un ahorro dentro la administración estatal, por lo que afirmó que en dicho periodo mencionado “se entregaron plazas de manera desproporcionada, irregular y sin los criterios generales de la política económica en nuestro estado”
Por su parte, el titular de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal Geovany Vásquez Sagrero, expresó que la revocación de las bases, es resultado de una revisión minuciosa efectuada por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública ante el crecimiento desmesurado y desproporcionado registrado en el anterior sexenio.
Afirmó que el incremento de plazas ponía en riesgo el Fondo de Pensiones de los jubilados, pensionados y pensionistas, provocando que se destinen recursos extraordinarios y generaba un aumento de más de 2 mil 24 millones pagados en servicios personales, gasto que afecta la economía estatal que restringe programas para el desarrollo y bienestar de la población en general.
Detalló que durante la revisión se detectaron nombramientos expedidos a personal sin asignación de actividades, conversión de personal de confianza y mandos medios a base directa, entrega de nombramientos a personal que no cumplía con el tiempo mínimo de 6 meses, nombramientos de base entregados contraviniendo diversas disposiciones legales, y la falta de documentos y autorizaciones para la integración de expedientes.
Protestan trabajadores afectados
A raíz del decreto aprobado por el congreso local, trabajadores de base que se vieron afectados se manifestaron en inmediaciones de Ciudad Administrativa, en donde exigieron el respeto a sus derechos laborales.
En representación de los trabajadores, Leonardo García, empleado de la Secretaría de Administración, señaló que no solamente se vieron afectados quienes obtuvieron sus plazas en las últimas dos administraciones, sino desde sexenios anteriores.
“Hay compañeros y compañeras que ya tenían más de 30 años y que están exponiendo sus casos, la gran mayoría logramos nuestra base empezando desde cero, desde pago de raya, un contrato, como honorarios hasta lograrlo; consideramos que es injusto y que deben revisar esta situación para no dejar desamparadas a nuestras familias”, señaló.
Por su parte, Patricia Almaraz Cruz, quien tiene una discapacidad motriz, explicó que después de muchos años de laborar como contrato, logró su base hace 10 años en el gobierno estatal, por lo que pidió revisar caso por caso y no afectar quienes requieren de un empleo formal para sostener a sus familias.
“Mi base es legal, me la entregaron un 3 de diciembre en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, por eso exigimos que respeten nuestros derechos laborales y humanos”, afirmó.