La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó por unanimidad la absolución que había beneficiado a Johan Ricardo Matus, exasesor jurídico del ayuntamiento de Asunción Nochixtlán, quien había sido liberado en agosto de 2025 tras ser condenado a 60 años de prisión por la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu Cruz.
Con ocho votos a favor y la excusa de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, el pleno determinó devolver el expediente al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, para que emita una nueva resolución.
NUEVA SENTENCIA DEBERÁ VALORAR CONTEXTO
Tras la sesión, la ministra Loretta Ortiz Ahlf explicó que el nuevo fallo deberá considerar pruebas circunstanciales y el contexto en el que se desenvolvía la víctima.
“La nueva sentencia deberá dar cabida a pruebas circunstanciales y tomar en cuenta el perfil de la víctima en relación con su defensa de derechos humanos y las pugnas que esa actividad la llevó a tener con personajes políticos”, señaló en un comunicado.
VIOLENCIA DE GÉNERO Y DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS
Por su parte, la ministra Lenia Batres Guadarrama informó que su voto fue para que se emita una nueva sentencia que valore el entorno en el que se encontraba Claudia Uruchurtu.
“Voté a favor con el fin de que se emita una nueva sentencia que valore la situación de violencia y vulnerabilidad por razón de género en que se encontraba la víctima, como mujer defensora de derechos humanos”, escribió en redes sociales.
DESAPARICIÓN Y DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN
Claudia Uruchurtu Cruz, de 47 años, desapareció el 26 de marzo de 2021 en Asunción Nochixtlán, Oaxaca. Vivía con su madre y su hijo, y durante años denunció presuntos actos de corrupción de autoridades municipales.
De acuerdo con documentación del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, ese día participó en una manifestación frente al ayuntamiento. Posteriormente fue seguida y subida por la fuerza a una camioneta roja al servicio del municipio. Desde entonces, su paradero se desconoce.
Antes de su desaparición, había documentado presunto desvío de recursos durante la administración de Lizbeth Victoria Huerta, entonces presidenta municipal.
PROCESOS JUDICIALES EN CURSO
En diciembre de 2024, un juez del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca modificó el delito imputado a Lizbeth Victoria Huerta, reclasificándolo de desaparición forzada a obstrucción de la justicia, lo que derivó en su liberación.
Por el caso permanecen presos Juan Antonio H. M., sentenciado a 60 años, así como Nelci J. V. J. y Rolando A. B., condenados a 45 años de prisión.
Las hermanas de la activista, Elizabeth y Sara Georgina Uruchurtu, han denunciado desde el Reino Unido presuntos vínculos políticos que, aseguran, han favorecido la impunidad.
CASO EMBLEMÁTICO
La organización Defensores por la Justicia destacó que se trata de la primera resolución relacionada con desaparición forzada emitida por la nueva integración de la SCJN, surgida del proceso de elección popular de juzgadores.
El caso Uruchurtu fue el primero en Oaxaca en lograr la vinculación a proceso por desaparición forzada contra autoridades municipales en funciones.
