A pesar de décadas de discursos, leyes y proyectos, los ríos Atoyac y Salado, que atraviesan la zona metropolitana de Oaxaca, siguen convertidos en auténticos desagües a cielo abierto. A su paso, estos afluentes arrastran no sólo aguas negras sin tratamiento, sino también la evidencia de un patrón de simulación institucional, corrupción y negligencia ambiental.
Millonarios contratos otorgados sin licitación, estudios técnicos hechos en tiempo récord por empresas sin experiencia y plantas tratadoras operando a un tercio de su capacidad son el rostro real del fracaso estatal en el saneamiento hídrico. Mientras tanto, comunidades enteras viven expuestas a gases tóxicos y aguas contaminadas. Sin que se observe voluntad política para corregir el rumbo.
Aguas negras, niños y enfermedades: vivir con el Atoyac
En la escuela primaria Bolaños Cacho, ubicada en la colonia Reforma Agraria de Oaxaca capital, cientos de niños conviven diariamente con el hedor de un río putrefacto. La contaminación emite gases peligrosos como metano, dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, provenientes de residuos orgánicos y fecales que el río arrastra sin control.
A tan sólo unos metros, se ubica un rastro municipal cuyas descargas también terminan en el Atoyac, agravando un ecosistema que, desde hace décadas, ha sido abandonado por las autoridades. Vecinos de colonias colindantes, como Indeco-Xoxo, aseguran que el problema se ha agravado en los últimos 30 años, y que incluso el agua de sus pozos está contaminada.
“Preferimos verlo como algo normal antes que enfrentar el abandono”, lamenta José Manuel Muñoz Quevedo, presidente del Comité Directivo de su fraccionamiento, tras señalar que el gobierno recientemente desfogó aguas negras directamente al cauce, sin tratamiento alguno.
La ley existe… pero nadie la aplica
En el papel, los ríos están protegidos por un marco legal que incluye al menos siete leyes y normas ambientales federales y estatales. Incluso existe una sentencia judicial firme, emitida en 2018, que obliga a los tres niveles de gobierno a implementar acciones para el saneamiento del Atoyac y el Salado.
Carlos Morales Sánchez, presidente de la asociación Litigio Estratégico Indígena —quien promovió el amparo que originó la sentencia—, acusa directamente al Estado: “Lo que hay es una simulación absoluta. Las acciones son cosméticas, superficiales, sin impacto real”.
Contratos exprés y empresas fantasmas: la ruta del dinero
En diciembre de 2023, el gobierno de Oaxaca otorgó dos contratos por casi 20 millones de pesos a empresas recién creadas, sin experiencia acreditada en saneamiento, para realizar estudios ejecutivos sobre los ríos contaminados. Ambos contratos fueron adjudicados de forma directa y con plazos de ejecución ridículamente cortos: 22 días naturales.
Las empresas Cimentaciones Colosales de Oaxaca S.A. de C.V. y Proyectos y Construcciones Ziket S.A. de C.V. fueron constituidas en 2021 y 2022 respectivamente, ante la misma notaría pública, y sin historial de proyectos similares.
El Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPA), a cargo de las licitaciones, no ha hecho públicos los resultados de estos estudios. Pese a que los contratos ya fueron liquidados. La opacidad ha generado dudas legítimas sobre el verdadero destino de los recursos.
Plantas tratadoras: promesas que no limpian
La emblemática Planta de Tratamiento de La Raya, inaugurada en 2009 con una inversión de más de 169 millones de pesos, funciona hoy a solo el 30% de su capacidad. Según el excoordinador del Programa Estratégico de Agua y Saneamiento, Rubén Ríos Ángeles. Esto se debe a la falta de colectores que capturen las aguas negras.
De las 30 plantas tratadoras en municipios conurbados, 11 están fuera de servicio y 19 requieren mantenimiento urgente. A pesar de estas cifras alarmantes, el discurso oficial insiste en que “las aguas negras de Oaxaca no son tan malas”, ignorando los daños ecológicos y sanitarios evidentes.
San Lorenzo Cacaotepec: el ejemplo que desmiente a los gobiernos
A contracorriente del abandono estatal, el municipio de San Lorenzo Cacaotepec ofrece una historia de esperanza. A través de asambleas comunitarias, la población ha logrado rehabilitar su planta tratadora con soluciones naturales, como humedales artificiales, separación de residuos y educación ambiental.
El resultado: una microregión donde florece la biodiversidad, con aves migratorias, peces, reptiles y árboles ribereños que contrastan con el panorama de muerte en otros tramos del Atoyac.
“El agua aquí es limpia. Sirve para regar áreas verdes, apagar incendios y alimentar al río con vida, no con veneno”, explica el biólogo Víctor Ortiz, director de Ecología municipal.
¿Rescate nacional o más simulación?
En enero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un plan nacional para el rescate de afluentes, entre ellos el Atoyac y el Salado. Aunque vecinos y activistas recibieron con esperanza el anuncio, temen que se repita la historia de proyectos que se quedan en el discurso, sin ejecución ni transparencia.
“No pedimos milagros, solo que se recojan las aguas negras y se traten como dicta la ley”, exige José Manuel Muñoz, uno de tantos ciudadanos que ya no confían en diagnósticos ni contratos sin resultados.
Lo que sí florece es la corrupción
El caso del Atoyac y el Salado no es solo una tragedia ambiental: es una muestra del modelo fallido de gobernanza ambiental en México. Un modelo que premia la simulación, el derroche y la corrupción, mientras castiga a la población con enfermedades, mal olor y ríos muertos.
Salvar estos ríos es posible —como lo demuestra San Lorenzo Cacaotepec—, pero no sin romper con la complicidad institucional y exigir rendición de cuentas. Hasta que eso ocurra, los únicos que nadan en abundancia en Oaxaca son los contratos opacos, no los peces.
