En menos de un mes, desde que inició el Operativo Cubrebocas, el ayuntamiento de San Pedro Pochutla ha detenido a 56 personas, casi una por día. De los que 47 pagaron multas, siete casos terminaron en arrestos y dos han hecho trabajo comunitario, según el reporte del 9 de noviembre, que se acompaña de un mensaje de la autoridad municipal agradeciendo a la población seguir “las medidas sanitarias”.
La “falta administrativa” por no portar cubrebocas es una que desde abril ha puesto la mirada nacional sobre Oaxaca. En el estado, el empleo de la prenda no solo es obligatorio en ciertos municipios sino que incluso implica castigos.
Esto a pesar de que la Secretaría de Salud ha pedido enfocarse en otras acciones de prevención y ver esta como una auxiliar. Y no hacerla obligatoria, menos a través de multas o arrestos.
Pero esta no es la única medida por la que las autoridades como la de Saymi Pineda han sido cuestionadas desde la federación y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) donde acumula 43 quejas, entre las 163 registradas desde el 23 de marzo y hasta el 6 de noviembre.
Entre las quejas hechas ante el organismo por abusos de autoridades municipales están las “detenciones arbitrarias, retención de personas ajenas a la comunidad, cierre de negocios, cobro de multas y abusos aludiendo desacato de medidas sanitarias”. Hasta ahora, solo dos quejas son por estar “en contra de la decisión de la autoridad municipal de hacer obligatorio el uso de cubrebocas”.
Este panorama, según había recogido en abril la asociación Litigio Estratégico Indígena, se enmarca en un clima de supresión de garantías individuales en varios estados y municipios. Y ante lo cual el Estado ha faltado para legislar y por lo que se interpuso un amparo para obligar al Congreso de la Unión a crear la Ley Reglamentaria del Artículo 29 del Constitucional.
En la ley se deberá explicar “de manera clara y precisa, los casos y condiciones en que podrán suspenderse los derechos humanos en México”.
En los últimos días de octubre, el amparo fue ganado, afirma Litigio Estratégico en un documento firmado por su presidente, el abogado Carlos Morales. El Juez Décimo Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca otorgó el amparo y protección “y ordenó al Congreso de la Unión construir la Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional”.
En el mismo documento se señala que al presentar el recurso, a fines de abril, faltaban “reglas normativas claras para enfrentar con eficacia la pandemia del Covid”.
Además de que “en que la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 ordena al Congreso de la Unión crear la Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional en el plazo de un año. El plazo había transcurrido y el Congreso había incurrido en una omisión legislativa”.
Pero a varios meses de distancia de abril, cuando la enfermedad tenía poco más de 100 casos en Oaxaca y unas 15 muertes, la limitación de derechos sigue siendo un tema por atender. Hoy la entidad rebasa los 22 casos por violaciones a los derechos humanos y las mil 700 defunciones por Covid. En tanto, municipios como Pochutla mantienen las multas y arrestos por no portar cubrebocas en espacios públicos o en comercios.
