Estudios de diferentes organismos en materia de derechos humanos nacionales e internacionales, revelan que los principales síntomas de los linchamientos son la impunidad, corrupción, pobreza e inseguridad que agobian a los ciudadanos.
Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los actos de linchamiento o la justicia por propia mano reflejan la pérdida de valores y muestran la violencia extrema de aquellos que exigen justicia pero se apartan de las normas de convivencia legales y actúan fuera del Estado de Derecho.
Refiere que las conductas de una sociedad no tienen justificación cuando se falta al acatamiento de la ley y se recurre a vías indebidas para aplicar justicia. La libertad de cualquier comunidad en nuestro país se establece en los principios de la Constitución que nos rige a todos, el respeto a los derechos humanos y, sobre todo, el respeto a la vida, dignidad e integridad de las personas.
Las autoridades estatales y federales no cuentan con cifras oficiales de los linchamientos que han ocurrido en los últimos 30 años, sin embargo, en una recopilación realizada en 2016 señala que en los últimos 26 años se contabilizaron al menos 366 casos relacionados con el linchamiento en diferentes regiones de la República Mexicana; tan sólo entre enero y noviembre de 2015, ocurrieron 63.
Un documento elaborado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), refiere que los casos de linchamiento tuvieron su auge en los países donde impera la pobreza y la inseguridad como Haití, Guatemala y Honduras.
En Guatemala, donde operan grupos criminales como las Maras Salvatruchas, ante la falta del Estado de Derecho y la alta criminalidad, los organismos internacionales establecieron programas de prevención calificando los linchamientos como un flagelo contra la dignidad humana.
Desde el año 2000 cuando este fenómeno avanzó hacia el sur y centro de México, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) expresó su grave preocupación por la extensión de la práctica de los linchamientos, realizados con métodos cada vez más crueles y la persistencia de la impunidad que los ha caracterizado.
En su investigación denominada “Crisis de Autoridad y Violencia Social: los linchamientos en México”, del maestro Raúl Rodríguez Guillén, del Instituto de Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expone que en promedio, anualmente en México se registran 11 casos de linchamientos donde alguna persona pierde la vida.
En las regiones donde con frecuencia ocurre es donde se registran mayores casos de robo, violaciones, secuestros, asesinatos, asaltos, abuso policiaco, entre otros factores. La preocupación de las autoridades es que este fenómeno ya ha provocado la muerte de personas inocentes como ocurrió en 2016 con dos jóvenes que realizaban encuestas, fueron confundidos por delincuentes.
Otro caso es el ocurrido en este 2017, cuando un migrante fue asesinado por una turba por considerarlo una persona sospechosa y lo ocurrido en 2016 en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca donde un grupo de comuneros linchó a un chofer de una empresa farmacéutica por un supuesto acto de ataque a una joven, sin que esto se comprobara.
Oaxaca, foco rojo
Debido al aumento de casos, Oaxaca se ha convertido en foco rojo por linchamientos, tan sólo en lo que va del año, la Fiscalía General de Oaxaca (FGO) tiene el registro de dos casos de linchamiento y cuatro que quedaron en el intento, cuyo resultado fue de cuatro personas fallecidas.
El caso reciente se dio en la colonia Azucenas de San Martín Mexicápam, donde un grupo de habitantes lincharon a un presunto delincuente, acusado de haber intentado robar en el interior de una vivienda, junto con otras personas.
El 13 de noviembre se dio otro linchamiento en la comunidad de Macuilxóchitl, donde la población capturó a tres hombres que también habían ingresado a una casa para robar, pero fueron sorprendidos por algunos vecinos.
Los habitantes de la zona los golpearon, rociaron gasolina y les prendieron fuego, que también les generó la muerte después de haber sido ingresados al Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”. Entre ellos, se encontraba un menor de edad.
Estos son sólo algunos casos en que la Fiscalía ha intervenido, en tanto en las comunidades indígenas de Oaxaca y en la misma ciudad de Oaxaca se han registrado otros intentos de linchamiento, especialmente en las colonias populares donde impera la inseguridad.
La presidenta del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, María Isabel Chagoya Méndez, señala que los linchamientos e intentos de aplicar la ley “ojo por ojo” en la entidad oaxaqueña, no es más que un grito desesperado de la ciudadanía para ser escuchados.
La doctora en Derecho urgió una vinculación y un trabajo organizado para combatir eficazmente la delincuencia en la entidad. Consideró que se debe trabajar en conjunto y no dejarlo en manos de alguna institución de seguridad, porque la violencia se combate desde el cimiento de la familia y las escuelas.
Corrupción
La corrupción en las instancias encargadas de prevenir, combatir y aplicar la justicia, es una de las principales características que orillan a los ciudadanos para actuar por propia mano.
Si bien la Fiscalía no es la instancia encargada de la prevención de delitos, “sí podemos con nuestro actuar eficiente lograr la movilización de las demás instancias públicas para que se atiendan desde su raíz los diversos problemas que tenemos como sociedad y prevenir su aparición”.
“Son múltiples los asuntos que aquejan a nuestro país y a nuestro estado y que hay que atender integralmente. Uno de ellos es la corrupción. Esta es una exigencia de la ciudadanía a la que debemos dar respuestas concretas todas las instituciones del estado”, afirma el Fiscal Rubén Vasconcelos Méndez.
En algunas ocasiones los ciudadanos no denuncian los delitos, esto debido a la desconfianza que existe en los organismos que imparten justicia, donde no se garantiza la seguridad de las víctimas y en muchas ocasiones los servidores públicos optan por la corrupción.
Para tratar de combatir este fenómeno, la institución cuenta con 308 procedimientos administrativos: 137 contra Ministerios Públicos (MP), 86 contra Agentes Estatales de Investigación (AEI), 25 contra peritos y 59 contra otros funcionarios. Al día de hoy se han impuesto sanciones a 39 funcionarios públicos: 6 MP, 11 peritos y 22 AEI.
