Las Comisiones Unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda, de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, Primera, aprobaron con 21 votos a favor, ocho en contra y una abstención, el proyecto de decreto que reforma la Ley de Vivienda, que establece la política nacional para que toda persona pueda disfrutar de una vivienda adecuada.
Con ello, se considera que una vivienda adecuada es aquella que cuenta con elementos de accesibilidad, para garantizar su acceso a grupos desfavorecidos; adecuación cultural, con lo que se respetan las expresiones de identidad de las personas; asequibilidad, de manera que los costos financieros de un hogar no comprometan otros gastos.
Además, se considera la disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, para garantizar el acceso a servicios básicos; la habitabilidad, como elemento para mantener la seguridad física de los habitantes del inmueble; seguridad en la tenencia, para que los ocupantes estén protegidos legalmente contra desalojos; y ubicación, para que el hogar se localice en lugares cercanos a sus espacios de trabajo, salud o educación.
El dictamen, faculta al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, coordine y promueva programas y acciones de vivienda y suelo, con la participación de los sectores público, social y privado, así como de los organismos e instituciones que financien o construyan vivienda para las personas trabajadoras.
Y para que se promuevan e impulsen las acciones de las diferentes instituciones de los sectores público, social y privado, así como de los organismos e instituciones que financien o construyan vivienda para las personas trabajadoras, para el desarrollo de la vivienda adecuada en los aspectos normativos, tecnológicos, productivos y sociales.
AMPLÍAN CONCEPTOS DE LOS CRÉDITOS
Precisa que los organismos e instituciones que financien vivienda para las personas trabajadoras podrán adquirir, rehabilitar y construir viviendas, realizar demoliciones y financiar la autoproducción de vivienda, así como adquirir o urbanizar terrenos destinados a formar unidades habitacionales, con los recursos de sus fondos, para enajenar o arrendar viviendas, generando las condiciones adecuadas que permitan obtener un crédito barato y suficiente.
