Aceptar que la Guardia Nacional tenga mando civil es un gran avance en el replanteamiento del diseño original, pero es necesario ahondar en mecanismos que inhiban la comisión de abusos y agresiones a los derechos humanos, además de deslindar jurídicamente las responsabilidades.
Juan Rodríguez Ramos, visitador general de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), reconoció que se haya aceptado que sea un mando civil el que esté a cargo de la Guardia Nacional, aun cuando la disciplina, la capacitación, la doctrina, los ascensos y las prestaciones serán de tipo militar de forma permanente.
Aunado a ello, expresó que en tareas de seguridad, la participación de las fuerzas armadas debe ser que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso.
Siempre regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia, apuntó.
“La participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad que se concibe no sería extraordinaria, pues normaliza lo que debe ser excepcional, hace permanente lo que debe ser temporal y amplía indebidamente una labor que debe estar circunscrita a criterios de estricta necesidad”, aseguró.
Es indudable, agregó, que el replanteamiento de las características y funciones de la Guardia Nacional representa una respuesta parcial e incompleta al problema de la violencia e inseguridad, pues aun falta garantizar que no se van a vulnerar los derechos humanos.
El visitador general de la DDHPO confió que los legisladores construyan normas que permitan encontrar soluciones en materia de seguridad y justicia, porque son una necesidad y no un campo para intereses políticos o de otra índole, convencidos que es necesario generar un marco normativo que regule dicha participación.
La intención debe ser que las funciones de la Guardia Nacional no contravengan principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos.
