Presentar un documento notarial que no existía en los archivos del fedatario terminó en una sentencia condenatoria federal en Oaxaca. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo una pena de tres años y cuatro meses de prisión contra una persona identificada como Gelmi “N”, por el delito de uso de documento falso, luego de intentar tramitar un pasaporte mexicano para su hija con documentación irregular.
De acuerdo con el comunicado FGR DPE/4663/2026, el caso se originó en septiembre de 2018, cuando la persona sentenciada acudió a la Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Oaxaca para solicitar el documento de viaje de la menor y presentó, entre otros requisitos, un permiso notarial supuestamente expedido en Salina Cruz.
La irregularidad salió a la luz cuando la Cancillería consultó al notario señalado. Según la información oficial, el fedatario informó que el volumen en el que presuntamente debía encontrarse el instrumento no existía entre los archivos y registros bajo su responsabilidad.
El asunto llegó al Ministerio Público Federal, que integró la investigación y presentó los datos de prueba ante la autoridad judicial. La sentencia fue emitida el 9 de octubre de 2026, ocho años después de la solicitud del pasaporte.
UNA IRREGULARIDAD DETECTADA EN LOS ARCHIVOS NOTARIALES
La investigación comenzó formalmente el 11 de febrero de 2020, después de que la SRE notificara al Ministerio Público Federal sobre los hechos relacionados con la solicitud presentada dos años antes.
El documento cuestionado era un permiso notarial que supuestamente autorizaba la expedición del pasaporte a favor de la hija de Gelmi “N”. Sin embargo, la consulta realizada por la Cancillería arrojó inconsistencias en los registros del notario.
La FGR no detalló en su comunicado cómo se habría elaborado el documento, si participaron otras personas en su preparación o si se detectaron solicitudes similares. Tampoco informó si existieron otros trámites relacionados con el caso.
La sentencia se concentró en el delito de uso de documento falso, por el cual el Ministerio Público Federal aportó elementos para acreditar la responsabilidad penal de la persona procesada.
LA PENA: PRISIÓN, MULTA Y CONDICIONES JUDICIALES
El juez de Control impuso una pena de tres años y cuatro meses de prisión, además de una multa de 167 unidades, equivalente a 13 mil 460 pesos, según el comunicado de la Fiscalía.
No obstante, la resolución contempla el beneficio de la condena condicional, sujeto al cumplimiento de diversas obligaciones establecidas por la autoridad judicial.
Entre las condiciones señaladas por la FGR se encuentran:
Residir en el domicilio registrado.
Contar con un trabajo lícito.
No consumir estupefacientes ni bebidas alcohólicas.
Presentarse ante el órgano desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, conforme a las disposiciones judiciales.
La institución no precisó en el comunicado si la persona sentenciada deberá cumplir otras medidas o durante cuánto tiempo estarán vigentes las condiciones impuestas.
CASI OCHO AÑOS ENTRE EL TRÁMITE Y LA SENTENCIA
Uno de los aspectos que sobresale en el caso es el tiempo transcurrido entre los hechos y la resolución judicial. La solicitud del pasaporte ocurrió el 25 de septiembre de 2018; la investigación comenzó en febrero de 2020 y la sentencia llegó el 9 de octubre de 2026.
Aunque la Fiscalía informó sobre el resultado condenatorio, no explicó las razones por las que el procedimiento se prolongó durante varios años ni ofreció detalles sobre las distintas etapas procesales.
La duración de los casos judiciales es un asunto relevante para evaluar la eficacia de las instituciones, aunque, con la información disponible, no es posible atribuir el retraso a una dependencia o a una actuación específica.
El expediente también evidencia la importancia de verificar los documentos presentados en trámites oficiales, particularmente cuando involucran autorizaciones notariales para la expedición de documentos de identidad o viaje de menores de edad.
FGR LLAMA A DENUNCIAR DELITOS FEDERALES
Al dar a conocer la sentencia, la Fiscalía General de la República reiteró su invitación a la ciudadanía para denunciar hechos que puedan constituir delitos de competencia federal.
La condena cierra una etapa judicial relacionada con el uso de documentación falsa para un trámite de pasaporte. Sin embargo, la información difundida no permite establecer si el caso derivó en otras investigaciones o si se identificaron posibles participantes adicionales.
