A 15 años de la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) ocurrido en la ciudad de Oaxaca, familiares siguen denunciando actos de impunidad por parte del estado mexicano.
Hasta la fecha, las autoridades de procuración de justicia continúan con la investigación del caso, además, con la búsqueda de presuntos responsables que ahora involucran al exprocurador de Justicia del Estado, Evencio Nicolás Martínez.
Los representantes jurídicos y familiares de las víctimas, señalaron que el caso se reabrió desde el 2019, sin embargo, consideran que aún quedan pendientes para llegar a la justicia sobre la desaparición de sus seres queridos y luchadores sociales oaxaqueños.
En el 2020, inició con la detención y juicio contra siete elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGEO) entre ellos Daniel Camarena Flores, quien en 2007 fungía como director de la Agencia Estatal.
Sandino Rivero, representante jurídico de los familiares de Gabriel y Edmundo, expuso que uno de los grandes pendientes del Gobierno Federal, es la apertura de los cuarteles militares en Oaxaca, pues según los informes de las autoridades, los elementos del ejército habrían participado en la detención de los eperristas.
No hay voluntad politica del Gobierno Federal, del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para que se llame a declarar a los mandos militares que estaban en ese año”, señaló el abogado.
