La LXVI Legislatura del Congreso del Estado aprobó, con 38 votos a favor, el dictamen con Proyecto de Decreto que reforma la Constitución Política local, con el objetivo de adecuar el marco jurídico estatal a los recientes lineamientos de austeridad republicana, control presupuestario y paridad sustantiva aprobados a nivel federal, y que forman parte del Plan B de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
De acuerdo con la iniciativa presentada por la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXVI Legislatura, diputada Tania Caballero Navarro, el dictamen contempla modificaciones estratégicas al párrafo tercero del artículo 31, al párrafo primero de la fracción I del artículo 113, y al párrafo segundo de la base II del artículo 138 de la Carta Magna oaxaqueña. Con estas medidas, Oaxaca se alinea al mandato federal que instruye a las legislaturas locales a adecuar sus normativas antes del 30 de mayo de 2026.
Los límites al gasto para 2027
En materia financiera, la reforma establece que el presupuesto anual del Congreso del Estado no podrá exceder el 0.70 por ciento del presupuesto total de egresos de la entidad, una medida de disciplina presupuestaria que entrará en vigor en 2027 de manera armonizada con la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Asimismo, se incorpora una estricta regla de sujeción al parámetro federal en materia de remuneraciones, la cual garantiza que ninguna persona servidora pública en la entidad, incluyendo integrantes de Órganos Constitucionales Autónomos y magistraturas electorales, pueda percibir ingresos superiores a los de la Presidencia de la República.
Ayuntamientos obligados a rediseñar estructuras
Por otra parte, la modificación actualiza el diseño de los gobiernos locales al unificar la estructura de cada Ayuntamiento con una Presidencia Municipal, una sola sindicatura y un límite máximo de 15 regidurías. Esta reorganización elimina el plural de los cargos para brindar absoluta certeza legal y mandata que toda la estructura municipal respete estrictamente los principios de perspectiva de género, igualdad sustantiva y paridad horizontal y vertical en el acceso al poder público.
La diputada Dulce Alejandra García Morlan, de Movimiento Ciudadano, expresó su voto a favor toda vez que la armonización está enfocada en el ahorro y en la disminución de la burocracia.
Javier Casique Zárate, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), argumentó que, más allá de la eficiencia presupuestal, el marco normativo local debe priorizar el equilibrio de poderes y la transparencia.
