A más de un mes del desalojo de los portales del Palacio de Gobierno y del zócalo capitalino, uno de los grupos de indígenas triquis señala que el gobierno estatal no ha respondido a sus demandas, entre ellas las mesas de trabajo para el retorno seguro a San Juan Copala.
Ante esta indefinición, uno de los grupos que hasta el 1 de diciembre contaba con medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analiza si habrá seguimiento a un acuerdo con las autoridades estatales o se retomará el plantón. El que tuvieron por cerca de 12 años y que el 2 de diciembre fue retirado en un operativo conjunto de gobierno estatal y el municipal de la ciudad capital.
“El acuerdo que habíamos tenido con ellos cuando llegaron a donde estábamos protestando no se ha cumplido”, explicó Lorena Merino Martínez sobre un acuerdo que, dijo, consiste en la reubicación para vender sus productos como lo habían hecho en el corredor del palacio. Y que además se analizaría el retorno a San Juan Copala, en un plazo de al menos seis meses.
Merino es una de las representantes de los hasta cinco grupos de desplazados triquis que se creó tras el exilio de 2010 de San Juan Copala. Y que hasta la madrugada del 2 de diciembre ocupó parte del zócalo de la ciudad de Oaxaca como sitio de protesta y de venta de textiles y otros productos.
Tras su retiro en el operativo de ese día, ella y sus compañeros se manifestaron en diversas ocasiones en el zócalo. Incluso, antes de la Noche de Rábanos habló de la posibilidad de reubicarse sobre la calle Valdivieso. Sin embargo, la inconformidad de comercintes establecidos y vecinos del centro histórico se hizo patente.
Lorena y compañía volvieron a manifestarse frente al palacio hasta antes de la Noche de Rábanos (23 de diciembre). Sin embargo, hasta el momento no se ha reactivado la manifestación.
Sin embargo, no descarta retomarla si el gobierno estatal, que encabeza Saomón Jara, no la llama a las mesas de diálogo que realiza el estado con el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), como parte de una estrategia de pacificación.
La representante de más de 100 personas triquis, de quienes refiere sufrieron el desplazamiento interno forzado, considera que el gobierno del estado solo está haciendo tratos con el MULT y sin considerar a las víctimas del desplazamiento forzado en la zona triqui, tanto los de San Juan y San Miguel Copala, como los de Tierra Blanca Copala.
Ante ellos exige que en tales mesas participen todos los desplazados de tales comunidades, y que con ellos se llegue a un acuerdo que beneficie a todos, pero bajo un compromiso que sí garantice el retorno seguro.
Luego de que se les retiraran las medidas cautelares, Merino ha solicitado nuevamente estas ante la CIDH, aunque todavía no se han reactivado. Tras el desalojo del zócalo, refiere que el gobierno municipal les ha devuelto la mercancía, pero de manera incompleta y con daños.
