Las acciones afirmativas en favor de las mujeres y grupos vulnerables no son moneda de cambio por votos”, advirtieron magistrados electorales de cara a la discusión de la reforma impulsada en la Cámara de Diputados federal.
Al abordar el tema, la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora, advirtió sobre los retrocesos democráticos que representa la reforma que impulsan diferentes fuerzas políticas, al pretender limitar las facultades de dicho órgano en materia de acciones afirmativas; “es una afrenta contra los derechos de las minorías”.
Subrayó que cualquier decisión de quienes ostentan el poder para limitar las posibilidades de que cada vez más personas participen activamente de la vida política en el país, no sólo es una afrenta contra sus derechos, sino un retroceso democrático que no debe permitirse.
“Los desacuerdos entre los órganos del Estado jamás pueden servir de pretexto para limitar el ejercicio de los derechos de todas las personas ni para privarles de oportunidades para defenderlos”, anotó.
Y es que la propuesta que impulsan los partidos políticos busca impedir los juicios de derechos políticos promovidos por las mujeres, las personas con discapacidad, los migrantes y los grupos indígenas.
De igual forma, busca impedir al TEPJF ordenar candidaturas fuera de lo que los partidos decidan, entre otras medidas.
A su vez, el magistrado presidente de la Sala Superior del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, coincidió en que las acciones afirmativas en favor de las mujeres y grupos vulnerables no son “moneda de cambio por votos”.
Eso, ante la próxima discusión de la reforma impulsada en la Cámara de Diputados para limitar sus facultades en dicha materia.
Habló de la importancia de las acciones afirmativas para lograr paridad en gubernaturas e inclusión en la representación en el Congreso.
“Me parece que esta iniciativa no puede tomarse a la ligera, porque de alguna manera expresa lo que los representantes populares tienen como programa político respecto a la consolidación de los avances democráticos o las garantías para la mayor protección de los derechos fundamentales que han tenido lugar en los tribunales”, reiteró.
También advirtió que la reforma impediría que el Poder Ejecutivo establezca acciones afirmativas en el ámbito político tratándose de su gabinete y tampoco lo podría hacer un Congreso estatal o las autoridades electorales a nivel de los estados, porque la iniciativa reserva como una facultad exclusiva del Congreso el establecer acciones afirmativas tratándose de grupos vulnerables.
“Los programas sociales no son moneda de cambio por votos y tampoco lo son las acciones afirmativas, pues se trata de auténticos derechos sociales, indispensables si aspiramos a una igualdad sustantiva y a una democracia incluyente y de calidad”, continuó.
Recordó que el Tribunal Electoral de la Federación, así como las autoridades electorales administrativas, tanto federales como locales, han tenido que responder ante la omisión de los congresos estatales y federal para promover mecanismos efectivos para la igualdad en el acceso a cargos públicos.
