En medio de la controversia suscitada por la adquisición de vehículos blindados, Salomón Jara Cruz Gobernador del estado de Oaxaca tomó acciones decisivas tras hacerse pública la convocatoria emitida por la Secretaría de Administración. Según la convocatoria múltiple LPE-SA-SA-0024-06/24, publicada el miércoles 19 de junio, dicha Secretaría había planeado la compra de tres vehículos blindados.
LA LICITACIÓN
De acuerdo con el acta de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas, presentada en Ciudad Administrativa el martes 25, solo una empresa, Autopartes y Refacciones Marlo, SA de CV, presentó una propuesta. La compañía ofreció los tres vehículos por un total de 12 millones 600 mil pesos, IVA incluido, a ser financiado con fondos públicos.
“La Secretaría de Administración indicó que ‘de conformidad con los artículos 7 primer párrafo de la Ley y 57 fracción I del Reglamento Presupuestal, se cuenta con disponibilidad financiera con recursos estatales en la partida específica 517 – Vehículos y equipo terrestre, con la clave presupuestal 117005-11503000002-541517AEBAA0123, de la Secretaría de Administración’”, según el documento oficial.
CANCELAN OPERACIÓN Y CORTAN CABEZAS
Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando el Gobernador de Oaxaca, a través de su cuenta en la plataforma X (anteriormente Twitter), declaró que no estaba al tanto de la compra. Y que, ante su desconocimiento, decidía cancelar la operación. Además de destituir al director de Patrimonio de la Secretaría de Administración, Melquiades Antonio Ruiz.
“Con relación a la información sobre la compra de vehículos blindados que circuló en las últimas horas y de la cual no fui informado, he decidido cancelar inmediatamente la operación y separar del cargo al director de Patrimonio de la Secretaría de Administración, Melquiades Antonio Ruiz. He instruido también la realización de una investigación de todas las áreas y se sancionará cualquier irregularidad sin importar quien sea la persona responsable”, expresó el Gobernador.
La medida ha generado una fuerte reacción en la opinión pública y se espera que la investigación ordenada por el Gobernador arroje más luz sobre las circunstancias que rodearon esta polémica adquisición.
