Integrantes de colectivos de búsqueda de personas demandaron al gobierno estatal y al Congreso local, acelerar la renovación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Oaxaca (CEBPEO).
Luego que las autoridades estatales, así como las y los legisladores se comprometieron a exigir una auditoría sobre el uso de los recursos públicos destinados a la CEBPEO, familiares de las víctimas consideran urgente nombrar a una persona con conocimiento sobre este fenómeno que se ha agravado en el estado de Oaxaca en donde diariamente desaparecen personas de todas las edades y de todos los niveles socio-económicos.
Karina Espino, integrante del colectivo Sabuesos Guerreras extensión Oaxaca, señaló que desde la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda no han recibido apoyo alguno, incluso afirmó que al momento de acudir ante dicha institución son tratados de manera prepotente y déspota por parte de la comisionada, Edilberta Cruz Regino.
A pesar de las múltiples reuniones que tuvimos con la comisionada, jamás vimos claridad y mucho menos resultados en los trabajos que realizaban, no hay seguimiento en los expedientes de nuestros familiares, pareciera que la comisión no existe y solamente se convirtió en una caja chica para una familia”.
La representante del colectivo detalló que desconocen en qué y cómo se han aplicado los recursos que durante estos dos años se ha destinado a dicha comisión, pues solamente en el ejercicio fiscal 2023 se les asignó una suma de más de 22 millones de pesos.
No hay claridad en las búsquedas y mucho menos en el manejo de los recursos económicos, la comisionada contrató a puros familiares que no cuentan con la preparación necesaria para atender el tema de las desapariciones”, afirmó.
Por su parte, la diputada Liz Arroyo Rodríguez, presidenta de la Comisión Permanente de Administración y procuración de Justicia del congreso local, afirmó que aunado a estas denuncias de nepotismo, inoperancia y corrupción, la comisionada ha violentado la Ley Estatal en materia de búsqueda de personas.
La ley claramente señala que el domicilio de la Comisión debe tener como sede la ciudad de Oaxaca, pero están en el municipio de Santa Lucía del Camino, lo que también se configura en nepotismo y corrupción porque los familiares de las víctimas nos han denunciado que el edificio que se renta es de un familiar de la comisionada, aparte tiene entre su equipo a una de sus hijas y a su yerno”, denunció.
En ese sentido, consideró viable la renovación de dicha Comisión, tal como lo propone el Gobernador Salomón Jara Cruz, por lo que de lograrse el consenso necesario en las próximas fechas se presentará una propuesta para buscar a una persona con visión para atender a las víctimas.
