Oaxaca, entre los estados más peligrosos para periodistas
La entidad, con el segundo mayor número de periodistas bajo el mecanismo de protección
Debido al aumento de las agresiones a las y los periodistas, cada año aumenta el número de comunicadores que se adhieren al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación (Segob), al inicio de la actual administración federal, se encontraban incorporadas 798 personas. A la fecha se han adherido al mecanismo 741 personas más, lo que equivale a un incremento del 93 por ciento.
Al cierre del 2022, las autoridades federales informaron que se encontraban incorporadas 1,539 personas a nivel nacional de las cuales: 507 son periodistas: 138 mujeres y 369 hombres. Así como 1,032 son defensores: 559 mujeres y 473 hombres. En un universo estimado de 203,700 periodistas y 39,000 organizaciones de la sociedad civil.
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Por entidad federativa, en el estado de Oaxaca es la segunda entidad con más personas que se han acogido a este mecanismo con 147 personas defensoras de derechos humanos y periodistas, solo por detrás de la Ciudad de México con 199, mientras en tercer lugar se encuentra el estado de Guerrero con 114, Chiapas con 105 al igual que Michoacán.
De las 147 incorporadas en la entidad oaxaqueña, 21 son periodistas que han denunciado agresiones o amenazas, de los cuales cuatro son mujeres y 17 hombres que laboran en las diferentes regiones.
Entre los principales factores que generan las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas destacan el crimen organizado, impunidad, corrupción y colusión entre autoridades y grupos delictivos, incumplimiento de las obligaciones que tienen municipios y estados en la materia y falta de cultura sobre la importancia que tiene la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Reporteros que cubren la fuente de la policiaca en la Zona Metropolitana de Oaxaca (ZMO), también han señalado que las agresiones por parte de policías y representantes de organizaciones sociales, aumentaron en los últimos años, por lo que exigen a las autoridades estatales y federales garantizar la libertad de expresión.
