Conforme avanzan las investigaciones contra los integrantes de la red de corrupción que operaba en varias dependencias del gobierno estatal, mejor conocida como el cartel del despojo, las autoridades estatales y ministeriales siguen detectando su modus operandi.
De acuerdo con datos de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal, en los actos irregulares estarían involucrados desde notarios públicos, ex funcionarios del Registro Civil, del Instituto de la Función Registral y del Instituto Catastral, incluso hicieron uso de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Todo esto derivado de las denuncias que han realizado oaxaqueñas y oaxaqueños que se han sentido lastimados o que de repente sus propiedades aparecieron a nombre de otras personas sin que hubiera actos de traslativos de dominio, hemos estado muy al pendiente de la revisión que se ha realizado en el que se ha detectado la forma de operar de algunos ex servidores públicos que estaban en estas áreas sensibles”, señaló Geovany Vásquez Sagrero, Consejero Jurídico del gobierno estatal.
Modus Operandi
Explicó que estos movimientos se realizaban desde Catastro que es un órgano desconcentrado que depende de la Secretaría de Finanzas y el Instituto de la Función Registral que es un órgano descentralizado que depende de la Consejería Jurídica y el Registro Civil, también dependiente de la Consejería.
Lo que hemos observado es que algunos ex funcionarios públicos, con el apoyo de algunos fedatarios públicos, detectaban algún bien inmueble, mostrenco, vacante, abandonado o algún bien que fuera propiedad de algún adulto mayor o que no tenían los pagos regulares”.
Una vez que los delincuentes detectaban estas características, acudían ante un fedatario público para suscribir o simular un acto traslativo de dominio y ese acto pasaba al Instituto Catastral para cambiar cuentas catastrales.
Una vez que hacían esto lo enviaban al Instituto de la Función Catastral para hacer el registro correspondiente de la escritura pública y con ello obtenían una escritura registrada”.
Vásquez Sagrero, expuso que lo atípico de los movimientos “es que regularmente cuando un usuario o ciudadano acude a estas instituciones, por la naturaleza de los trámites catastrales, lo regular es que se tarda alrededor de 15 días, pero ellos lo hacían en un solo día y cuando los trámites normales en el Instituto de la Función Registral tardan entre dos a tres meses, ellos tardaban dos días en hacerlo, por ese motivo un acto de traslativo de dominio lo tenían en menos de una semana, lo que hacían era modificar datos del Instituto Catastral muchas veces sin respaldo”.
El funcionario dijo que todos estos datos sobre el modus operandi ya se han hecho del conocimiento de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), sí como de la Fiscalía Anticorrupción y de la Fiscalía General de la República (FGR), sin embargo, mencionó que a pesar de que ya existe un detenido, la gran mayoría de los ex funcionarios que pudieran estar involucrados, han tramitado amparos para tratar de evadir la justicia.
La Fiscalía se hacía de la vista gorda
Esta red de corrupción operaba de tal manera que tampoco dejaban un soporte documental dentro del Instituto de la Función Registral, lo que esto provocaba es que cuando había un intento de investigación, no existieran documentos originales sobre los cuales se pudieran desahogar pruebas periciales para señalar cuales eran las firmas dubitables o indubitables, sobre qué firma se habían realizado estos trámites en que se habían realizado estos traslados de dominio, encontrábamos una obstrucción para la investigación de los delitos, permitida también por el anterior fiscal por los actos de omisión”.
Detalló que para evitar que estos actos queden en la impunidad, desde el inicio de la actual administración la Consejería Jurídica ha mostrado todos los expedientes que ha requerido la autoridad judicial, “desde las firmas indubitables de un servidor público o fedatario, se los hemos puesto a disposición para que la diligencia formal se constituya y para que ellos puedan tener una firma indubitable para realizar sus investigaciones”.
Hemos abierto los archivos de la Dirección de Notarías donde se nos piden protocolos y libros, se han abierto expedientes en el Registro Civil para ver temas de usurpación de identidad que hacían para poder quedarse con los bienes de los oaxaqueños, había una colusión de funcionarios que vinculaban a veces a la Junta de Conciliación y Arbitraje porque detectamos que cuando avanzaba un trámite y anulaban una escritura recurrían a un auto-embargo, detectamos dos juicios en inmuebles de esta naturaleza”.
El Consejero Jurídico lamentó que los ex funcionarios hayan incurrido en actos irregulares que han afectado a decenas de familias oaxaqueñas, pues en ello han identificado una colusión total de ex titulares de estas dependencias, funcionarios y notarios públicos que de no colaborar con la justicia, podrían perder sus fiats notariales, advirtió.
EL ESQUEMA
El cartel del despojo detectaba algún bien inmueble, mostrenco, vacante, abandonado o algún bien que fuera propiedad de algún adulto mayor o que no tenían los pagos regulares
Suscribían o simulaba un acto traslativo de dominio y ese acto pasaba al Instituto Catastral para cambiar cuentas catastrales.
Un acto de traslativo de dominio lo tenían en menos de una semana
Te puede interesar: Llueven amparos por caso del Cartel del despojo
