A pesar de haber expuesto por escrito su condición de desplazamiento forzado tras hechos violentos suscitados en la cabecera municipal de San Esteban Atatlahuca, la Secretaría de Bienestar no otorgó la pensión a adultos mayores de tres comunidades mixtecas.
Así lo denunció el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A. C. (CEDHAPI), al exponer que, por dicha situación, hay más de 100 personas afectadas, originarias de las comunidades de Ndoyonoyuji, Mier y Terán, y Guerrero Grande, pertenecientes a Atatlahuca.
Con diversos escritos, las autoridades de Guerrero Grande y Mier y Terán, solicitaron oportunamente a la delegada del programa Bienestar de Oaxaca, Nancy Ortiz Cabrera, para que el pago se realizara en otro lugar que no fuera la cabecera municipal”, señaló CEDHAPI.
La petición del cambio de sede fue reiterada en diversas ocasiones, por escrito y también por conducto del coordinador de investigación y atención a casos internacionales de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Luis Pablo Ballesteros Sosa, y por diversas vías, siendo reiterada la negativa, por lo que hasta el momento no se les ha pagado dicha pensión”, señaló.
El motivo que expusieron, fue que no podían acudir el 4 de marzo del 2022 a la cabecera, donde llegarían los servidores de la nación a darles sus pagos, “por el riesgo de su integridad física, por las situaciones de violencia que habían sufrido”.
Esto, debido a que el 21, 22 y 23 de octubre de 2021, se suscitaron ataques armados a las comunidades de Guerrero Grande, Ndoyonoyuji y Mier y Terán, que dejaron más de 100 casas quemadas, cinco personas desaparecidas y dos fallecidas, lo que provocó su desplazamiento.
