Debido a que invasores han deforestado más de 50 mil hectáreas de selva en la zona de los Chimalapas, integrantes del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas exhortaron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a emitir una sentencia final relativa a la controversia Constitucional 121/2012.
Luis Bustamante Valencia, coordinador nacional y Miguel Ángel García, coordinador regional, enviaron una misiva a los ministros de la Corte para que el fallo sea apegado “no sólo a los hechos históricos, sino a la conciencia ecológica”.
Advirtieron que el territorio comunal de los Chimalapas constituye todavía la zona de mayor producción de servicios ecosistémicos de nuestro país.
“Nos hemos podido enterar que, luego de un largo proceso de más de 9 años, existe ya una propuesta de sentencia final, relativa al juicio de Controversia Constitucional 121/2012, misma que ha sido sometida para su discusión y votación, ante el pleno de la máxima instancia judicial”, celebran.
Recuerdan que la Controversia es contra la invasión de la soberanía estatal y de territorio indígena del pueblo zoque de Santa María y San Miguel Chimalapa, por parte del estado de Chiapas.
A lo largo de 40 años, a los invasores les han dotado de ejidos, dentro de los bienes comunales Chimas, alertaron.
Explican que la Controversia Constitucional fue admitida por los ministros, Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila y José Fernando Franco González Salas, el 20 de diciembre de 2012.
Precisan que el recurso se interpuso tras la creación -el 23 de noviembre de 2011- de un nuevo municipio chiapaneco “Belisario Domínguez” ubicado totalmente dentro de la soberanía oaxaqueña y dentro del territorio comunal y municipal de Santa María y San Miguel Chimalapa.
Subrayaron que el conflicto interestatal Oaxaca-Chiapas, ha sido utilizado por los gobiernos vecinos para, de facto, alegar que la superficie en diferendo -de aproximadamente 160 mil hectáreas de la zona oriente del territorio comunal de los Chimalapas, no sólo está ubicada en el estado de Chiapas, sino que es propiedad de éste.
Manifestaron que los invasores desconocen la propiedad comunal Chimalapa y se amparan política y policialmente, a los intereses de empresas madereras, contrabandistas, ganaderos y rancheros de Chiapas que, a la fecha han devastado casi 50 mil hectáreas de selvas, bosques de pino – encino y bosques de niebla.
