La diputada independiente, Aleida Tonelly Serrano Rosado, denunció que poco más de dos meses de que concluya la 64 Legislatura, el presupuesto anual asignado al Congreso del Estado ya se devengó al 100%, incluso “ya se rebasó el gasto en el actual ejercicio fiscal”.
“En los tres años, el congreso ha tenido ampliaciones presupuestales, sin que exista certeza del destino de los recursos públicos, máxime que se ha gastado y rebasado el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2021”.
Explicó que en el último año legislativo que concluye el 14 de noviembre de 2021, el presupuesto de egresos del Poder Legislativo fue de 418 millones 696 mil 586 pesos, pero hasta el segundo trimestre se reportó que se devengaron 487 millones 483 mil 766.23 pesos.
“Es verdaderamente preocupante y alarmante que a seis meses de este ejercicio fiscal 2021 se haya ejercido todo el recurso autorizado anualmente, por ello es necesario que la ciudadanía y los 42 diputadas y diputados que integramos la 64 Legislatura conozcan de manera clara el destino de los montos ejercidos”.
En este sentido, Serrano Rosado, presentó un punto de acuerdo para exigir a las diputadas y diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y al secretario de Servicios Administrativos, para que informen de manera puntual, detallada y clara ante el pleno legislativo sobre los montos, partidas y destino de los recursos ejercidos en los tres años de la 64 Legislatura y “la justificación de por qué no se ajustó su ejercicio a los principios de austeridad y transparencia”.
Expuso que diversas instituciones de la sociedad civil a nivel nacional, dan cuenta de la falta de transparencia en el Congreso de Oaxaca, ya que según datos del Diagnóstico de Parlamento Abierto en México, el Poder Legislativo de la entidad apenas cumple apenas en un 31 % en participación y rendición de cuentas.
Destaca que en la última medición alcanzó un 57% en información parlamentaria, así como 30% en información presupuestal y administrativa, 33% en información de legisladores y servidores públicos, 14% en conflicto de intereses y 33% en legislar en favor del gobierno abierto.
