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Piden justicia por desalojo de 2006 en Oaxaca

Activistas demandan aplicar la ley a exfuncionarios estatales


Piden justicia por desalojo de 2006 en Oaxaca | El Imparcial de Oaxaca
Foto: Internet
InText ADEQ

A 14 años del desalojo por parte de la entonces Policía Federal, organizaciones sociales y la Sección 22 del SNTE reiteraron su demanda de aplicar la ley al exgobernador Ulises Ruiz Ortiz y a otros exfuncionarios involucrados.

Durante un mitin celebrado luego de llevar a cabo una marcha denominada “del silencio”, los activistas urgieron justicia para los personajes que ordenaron asesinatos, encarcelamientos, torturas y desapariciones durante el conflicto social y político del 2006. 

Lamentaron que el entonces exgobernador y funcionarios cercanos y quienes actualmente siguen en la función pública, hayan ordenado aplastar una lucha del magisterio y del pueblo con una estrategia basada en la violación de los derechos humanos.

A su vez, organizaciones civiles indicaron que a lo largo de 14 años se han documentado las numerosas violaciones a las garantías individuales perpetradas contra la sociedad oaxaqueña a manos de las autoridades.

Recordaron que el 25 de noviembre de 2006, la entonces Policía Federal Preventiva (PFP), atrincherada en el zócalo de la Ciudad de Oaxaca, repelió el cerco ciudadano que la APPO había instalado, lanzó gases lacrimógenos contra la población civil en el centro de la ciudad y comenzó con detenciones masivas.

De donde, 139 personas detenidas por elementos de la PFP fueron remitidas a los penales de Tanivet y Miahuatlán, y luego trasladadas al Penal Federal de El Rincón, Nayarit. 

Indicaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señaló que dichas personas sufrieron violaciones graves a sus derechos.

“Hoy 25 de noviembre de 2020, hacemos patente nuestra exigencia de justicia para manifestar que a 14 años de impunidad, seguimos demandando castigo a los responsables y recordamos que muchas de las violaciones cometidas durante el fallido desalojo, como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales, son consideradas crímenes de lesa humanidad que no prescriben”, anotaron.


 

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