El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, enfrenta ya tres autos de formal prisión dictados por autoridades mexicanas. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal, con sede en Toluca, emitió el más reciente fallo, ahora por delitos relacionados con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Yarrington fue extraditado a México en abril pasado, tras cumplir parte de una condena en Estados Unidos, país que lo entregó mediante una deportación controlada. Desde entonces, se encuentra interno en el penal federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez.
LOS DELITOS QUE SE LE IMPUTAN
Según el comunicado de la FGR, los delitos por los que ahora se procesa a Tomás “N” son:
- Delincuencia organizada, en la hipótesis de administración y supervisión de recursos de origen ilícito, agravado.
- Operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero.
Este nuevo auto se suma a los dictados previamente el 16 de abril y el 22 de mayo, por cargos similares. En conjunto, Yarrington enfrenta tres procesos penales distintos, todos por delitos de alto impacto.
UN HISTORIAL MANCHADO POR LA CORRUPCIÓN
Tomás Yarrington fue detenido en 2017 en Florencia, Italia, portando documentos falsificados. Posteriormente, fue extraditado a Estados Unidos, donde en 2021 confesó haber recibido al menos 3.5 millones de dólares en sobornos.
Las investigaciones apuntan a que el exgobernador mantenía vínculos con el Cártel del Golfo, organización criminal con fuerte presencia en el estado de Tamaulipas. Este mismo grupo estaría relacionado con otros crímenes recientes, como la desaparición y asesinato de los músicos del Grupo Fugitivo.
CRÍTICA: IMPUNIDAD POLÍTICA Y CRIMEN ORGANIZADO
El caso Yarrington no es un hecho aislado. Su perfil como exgobernador procesado por colaborar con el narcotráfico refleja la profunda infiltración del crimen organizado en las estructuras políticas de México.
Durante años, fue protegido por pactos políticos, silencios institucionales y una red de corrupción que permitió que siguiera libre, incluso después de múltiples señalamientos. Su detención y extradición tardaron más de una década, tiempo suficiente para que muchos de los recursos ilícitos que movió desaparecieran sin rastros.
