En un movimiento político y económico estratégico, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, cerró filas con la cúpula empresarial del país apenas unas horas después de que la agencia calificadora S&P Global Ratings encendiera las alertas financieras al modificar de “estable” a “negativa” la perspectiva de la deuda soberana de México y, en consecuencia, la de 12 de las instituciones bancarias y organismos públicos más importantes de la nación.
CUMBRE DE EMERGENCIA CON LA INICIATIVA PRIVADA
Durante la mañana del miércoles 13 de mayo, la jefa del Ejecutivo Federal encabezó una reunión de trabajo de alto nivel con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y diversos representantes de las Cámaras Empresariales. El encuentro, desarrollado en un ambiente de diálogo institucional, buscó blindar la confianza de los mercados y neutralizar el impacto del reporte emitido por la calificadora internacional.
A través de sus canales oficiales en redes sociales, la mandataria minimizó las previsiones de la calificadora y aseguró que el sector público y la iniciativa privada caminan sobre la misma ruta: “Sostuvimos una reunión con representantes de las cámaras empresariales donde coincidimos en las buenas perspectivas para la economía mexicana”, puntualizó, destacando que los pilares comerciales del país siguen siendo sólidos.
EL DURO DIAGNÓSTICO DE S&P GLOBAL
La reacción gubernamental responde directamente al ajuste realizado por S&P Global Ratings, que colocó bajo la lupa a gigantes de la banca comercial y del desarrollo público como:
BBVA México, Banorte, Banamex, HSBC México, Inbursa y Scotiabank Inverlat.
Nacional Financiera (Nafin), Bancomext y Banobras.
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y el FEGA.
Aunque la agencia internacional mantuvo la nota crediticia del país en “BBB” (dos niveles por encima del grado de inversión), justificó el cambio de perspectiva hacia el terreno negativo debido a un escenario marcado por el bajo crecimiento económico, severas restricciones presupuestarias y la acumulación de pasivos contingentes. Según S&P, estos factores podrían acelerar el crecimiento de la deuda pública y encarecer significativamente el pago de intereses para el Estado mexicano.
