En un hecho sin precedentes para la política moderna del país, el viernes 15 de mayo de 2026 se confirmó que dos exmiembros del gabinete del gobierno del estado de Sinaloa se entregaron de manera voluntaria a las autoridades de Estados Unidos. Los implicados decidieron cruzar la frontera y ponerse a disposición judicial tras la masiva presión internacional desatada a finales de abril, cuando el Departamento de Justicia estadounidense formalizó cargos en contra de una decena de servidores públicos de la entidad federativa.
Las entregas ocurrieron de la siguiente manera:
- Gerardo Mérida Sánchez (General retirado y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa): Ingresó a territorio norteamericano desde Hermosillo, Sonora, cruzando a pie por la Garita de Nogales hacia Arizona el pasado 11 de mayo. De inmediato quedó bajo custodia del U.S. Marshals Service.
- Enrique Díaz Vega (Exsecretario de Finanzas de la administración local): Se entregó en paralelo ante agencias federales estadounidenses.
- De acuerdo con analistas y reportes judiciales de las cortes de Tucson y de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ambos exfuncionarios se entregaron bajo la figura de testigos cooperantes, buscando negociar beneficios procesales y protección personal a cambio de aportar información de alto nivel sobre la colusión entre políticos de la llamada “Cuarta Transformación” en el estado y los altos liderazgos de la delincuencia organizada.
EN QUÉ CONSISTE LA DENUNCIA EN SU CONTRA
El expediente criminal del Departamento de Justicia de EU acusa formalmente a un total de 10 políticos y funcionarios sinaloenses (lista que incluye al gobernador morenista con licencia temporal, Rubén Rocha Moya) de participar en una conspiración corrupta, sistemática y violenta con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de “Los Chapitos”.
La denuncia penal detalla que:
A Gerardo Mérida Sánchez se le imputa el uso de su cargo policial e inteligencia militar para filtrar información sobre operativos federales de seguridad, brindar protección logística a los capos y ordenar la no interferencia de las policías locales en actividades de narcotráfico.
A Enrique Díaz Vega se le investiga por tejer una red financiera institucional para el blanqueo de capitales procedentes del tráfico ilícito y facilitar el desvío de recursos públicos para fines políticos coordinados con la organización delictiva.
La conspiración general señala la facilitación para importar e ingresar de forma masiva fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas desde laboratorios clandestinos de México hacia las calles estadounidenses.
LAS SEVERAS PENAS QUE PODRÍAN ENFRENTAR
De ser encontrados culpables y en caso de que no proceda al 100% su acuerdo de cooperación con la fiscalía neoyorquina, ambos exfuncionarios mexicanos encaran acusaciones graves bajo normativas de crimen organizado y leyes antiterroristas:
Las leyes estadounidenses contemplan un castigo mínimo obligatorio de 40 años de prisión por conspirar para la importación masiva de drogas sintéticas (fentanilo) y la posesión de armas de fuego de uso exclusivo militar.
El estatuto de conspiración delictiva continuada prevé una sanción máxima de cadena perpetua sin derecho a libertad condicional.
REACCIÓN DEL GOBIERNO DE MÉXICO
La entrega de los secretarios ha provocado un severo choque político en el corazón de la capital del país. A través de sus redes institucionales, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México confirmó oficialmente haber sido notificado del ingreso y detención de Gerardo Mérida en Arizona. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que mantiene canales de comunicación abierta mediante la Cancillería en el marco de la cooperación internacional.
No obstante, en la postura política interna, el gobierno mexicano ha mantenido cautela y defensa discursiva, insistiendo en que debe prevalecer el principio de presunción de inocencia debido a que el Departamento de Justicia de EU “no ha presentado pruebas físicas y sólidas a la Fiscalía General de la República (FGR)”.
Mientras tanto, en el terreno local, el estado de Sinaloa permanece sumido en una crisis de gobernabilidad; el gobernador Rubén Rocha Moya se vio obligado a solicitar una licencia para separarse de su cargo ante la inminente investigación criminal internacional.
