El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó su anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2027 por un monto total de 6,104.5 millones de pesos; la medida representa un incremento del 12.7% en términos reales. Esta decisión desató un choque inmediato entre los ministros y reavivó el debate nacional sobre el gasto de los altos funcionarios.
FUEGO CRUZADO POR LA BOLSA PÚBLICA
La ministra Lenia Batres Guadarrama encabezó la resistencia contra este paquete económico. Calificó la solicitud de recursos como un agravio a las políticas de contención del gasto. Denunció que sus homólogos actúan con una supuesta “animadversión” interna.
Batres acusó al bloque mayoritario de intentar perpetuar beneficios onerosos. Criticó con dureza la inclusión de una partida para un Seguro de Gastos Médicos Mayores destinado al personal. Según la ministra, esta previsión viola de forma flagrante el artículo 22 de la Ley Federal de Austeridad Republicana. Exigió que se ponga fin a las estructuras administrativas destinadas al beneficio exclusivo de la cúpula judicial.
LOS ARGUMENTOS DE LA SUPREMA CORTE
Frente a las críticas de la ministra, la SCJN defendió la legalidad del anteproyecto. Argumentó que la institución arrastra graves afectaciones financieras debido a los recortes acumulados en los ejercicios anteriores:
Recorte del 12% en 2025, equivalente a 714.4 millones de pesos.
Recorte del 11.2% en 2026, que significó una baja de 661 millones de pesos.
El Máximo Tribunal detalló que el dinero solicitado para 2027 tiene un destino estrictamente operativo. Informaron que 8 de cada 10 pesos se utilizarán para salarios y prestaciones básicos amparados por las Condiciones Generales de Trabajo. Aseguraron que se respetará el tope constitucional para que ningún salario supere al de la Presidencia de la República. El presupuesto restante se enfocará en el mantenimiento de edificios y en actualizar sistemas obsoletos, como el equipo técnico de Plural TV que tiene más de dos décadas de antigüedad.
LA GRAN CONTRADICCIÓN INFLACIONARIA
El punto medular de la controversia radica en la evidente desconexión entre la petición del Poder Judicial y la realidad macroeconómica del país. Analistas financieros destacan la contradicción de que la SCJN exija una ampliación presupuestal neta del 12.7% real cuando la tasa de inflación en México se mantiene controlada en un rango inferior al 5% anual.
Críticos del gasto judicial señalan que pedir un aumento que duplica los índices inflacionarios pulveriza el discurso institucional de la “austeridad responsable”. Advierten que pretender revivir seguros médicos privados y destinar partidas millonarias en un contexto de restricción presupuestal federal debilita la confianza ciudadana en las instituciones de justicia, sobre todo ante los decretos vigentes de racionalidad en la administración pública.
