Este sábado 29 de noviembre de 2025, se puso en marcha la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, luego de ser aprobada por el Congreso de la Unión y publicada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La legislación reforma, adiciona y deroga artículos del Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y otras leyes relacionadas, unificando el tipo penal de extorsión a nivel nacional y estableciendo procedimientos claros para su investigación y sanción.
COMPETENCIA Y COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES
La ley establece la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para investigar de oficio los delitos de extorsión. El Gobierno Federal podrá intervenir en casos específicos, como:
- Cuando la investigación se ajuste a la Ley Orgánica del Poder Judicial, al Código Penal Federal o a cualquier otro ordenamiento que otorgue competencia a la Federación.
- Si existe resolución de un organismo internacional de derechos humanos en la que México tenga obligaciones.
- Cuando el Ministerio Público Federal solicite la atracción de un caso a la Fiscalía o Procuraduría local.
En situaciones vinculadas con delincuencia organizada, se aplicarán las disposiciones correspondientes a la ley en la materia.
MEDIDAS DESDE EL GABINETE FEDERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
La ley prevé la integración de acciones desde el Gabinete Federal de Seguridad Pública y la Mesa de Paz, encabezada por la presidenta Sheinbaum, para analizar datos sobre incidencia de extorsión por región, municipio y modalidad, con el objetivo de focalizar operaciones y estrategias de prevención.
PENAS Y AGRAVANTES POR EXTORSIÓN
La pena base para el delito de extorsión será de 15 a 25 años de prisión y una multa de 300 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
En determinadas circunstancias, la pena puede aumentar de 4 a 8 años si la extorsión afecta directamente los bienes o servicios de la víctima.
Se establecen agravantes que elevan la pena de 7 a 17 años en casos como:
- Uso de violencia física o armas.
- Suplantación de miembros de grupos delictivos o autoridades.
- Impedimento de denuncias o restricción de la libertad de expresión y derechos humanos.
- Participación de servidores públicos, personal de seguridad privada o menores de edad.
- Daños a instalaciones, comercios o a la economía de comunidades.
- Obtención de beneficios del erario público.
- Actos cometidos por dos o más personas o usando vestimenta o identificación oficial.
IMPACTO DE LA NUEVA LEGISLACIÓN
Con la entrada en vigor de esta ley, México busca unificar criterios legales, garantizar la protección de víctimas y fortalecer la investigación y sanción del delito de extorsión en todo el país. Además, establece medidas concretas para actuar de manera coordinada entre autoridades y para incrementar la eficacia de los operativos y estrategias preventivas.
Esta legislación representa un paso importante para combatir la extorsión y proteger los derechos de los ciudadanos frente a este delito que afecta tanto a personas físicas como al sector público y privado.
