A unos meses de que México celebre elecciones intermedias en 2027, el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrentará un nuevo ajuste a sus recursos. Esto, luego de que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobara un recorte adicional de aproximadamente mil millones de pesos a su presupuesto para el próximo año.
Con esta modificación, el organismo electoral acumula una reducción de seis mil millones de pesos respecto de los 42 mil 274 millones que solicitó originalmente para organizar los comicios y cumplir con sus responsabilidades institucionales.
El nuevo ajuste fue incorporado mediante cuatro reservas presentadas por legisladores del Partido del Trabajo (PT) y Morena, durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027. El dictamen mantiene un gasto público federal de alrededor de 10.6 billones de pesos y fue aprobado en lo particular con 30 votos a favor de Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), frente a 13 votos en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
El documento fue turnado al pleno de San Lázaro para su discusión y votación. Por lo que las modificaciones aprobadas en comisión todavía debían pasar por el procedimiento legislativo correspondiente.
EDUCACIÓN INICIAL, MUJERES Y TURISMO RECIBIRÁN LOS RECURSOS
El mayor movimiento presupuestal surgió de una reserva presentada por el diputado del PT Jorge Ortiz. Quien propuso retirar 618 millones de pesos al INE para transferirlos a la Secretaría de Educación Pública (SEP), específicamente al programa de Expansión de Educación Inicial.
Con esta reasignación, la partida pasaría de 866 millones a mil 484 millones de pesos, con el propósito de ampliar los recursos destinados a la educación inicial.
Sin embargo, la propuesta generó cuestionamientos desde la oposición. La diputada panista Noemí Luna señaló que el dinero podría beneficiar a los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) operados por el PT.
En el mismo sentido, el diputado panista Saúl Téllez lanzó acusaciones contra el manejo de estos centros y contra el dirigente petista Alberto Anaya. Se trata de señalamientos formulados por legisladores de oposición que deberán sustentarse mediante pruebas y, en su caso, las investigaciones correspondientes.
La segunda reasignación fue impulsada por la diputada de Morena Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto. Quien planteó retirar otros 361 millones de pesos al INE para destinarlos al Ramo 54, correspondiente a Mujeres.
Con este movimiento, los recursos de ese apartado aumentarían de dos mil 269 millones a dos mil 631 millones de pesos.
La tercera modificación propuesta por la legisladora consistió en transferir 20 millones de pesos del presupuesto electoral al sector turístico. Con lo que la partida correspondiente pasaría de mil 851 millones a mil 871 millones de pesos.
En conjunto, estas tres reasignaciones representan prácticamente mil millones de pesos adicionales retirados al organismo electoral.
PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL QUEDARÁ DESGLOSADO
La cuarta reserva, también presentada por Merilyn Gómez Pozos, atendió una solicitud del Poder Judicial para distribuir de manera específica los recursos asignados a sus diferentes órganos. En lugar de mantenerlos concentrados en una sola partida presupuestal.
De los 72 mil 264 millones de pesos contemplados para el Poder Judicial, la distribución quedaría de la siguiente manera:
- Órgano de Administración Judicial: 61 mil 636 millones de pesos.
- Suprema Corte de Justicia de la Nación: cinco mil 628 millones de pesos.
- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: tres mil 778 millones de pesos.
- Tribunal de Disciplina Judicial: mil 220 millones de pesos.
La modificación busca identificar con mayor precisión cuánto recibirá cada instancia para el ejercicio de sus funciones y facilitar el seguimiento de los recursos públicos.
EL RECORTE AL INE ABRE EL DEBATE SOBRE LAS ELECCIONES DE 2027
La reducción presupuestal adquiere relevancia porque 2027 será un año electoral, cuando se renovará la Cámara de Diputados y se celebrarán elecciones locales en distintas entidades del país.
En ese contexto, el ajuste obliga a poner atención en la capacidad financiera y operativa del INE para cumplir con la organización de los comicios, garantizar la instalación de casillas, actualizar los instrumentos electorales y desarrollar las actividades necesarias para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto.
El punto central no es solamente cuánto dinero se retira o a qué programas se reasigna, sino qué consecuencias tendrá esa decisión sobre las tareas que deberá cumplir la autoridad electoral.
Aunque los legisladores que impulsaron los cambios plantearon destinar mayores recursos a educación inicial, mujeres y turismo, también queda pendiente conocer cómo responderá el INE a las nuevas condiciones presupuestales y si será necesario ajustar sus programas de trabajo.
La discusión también deja sobre la mesa la necesidad de transparentar los criterios utilizados para determinar qué instituciones deben absorber los recortes. Y cómo se garantizará que las reasignaciones lleguen efectivamente a sus objetivos.
Por ahora, la Comisión de Presupuesto ya aprobó el dictamen en lo particular, pero la última palabra corresponde al pleno de la Cámara de Diputados. Donde continuará el proceso legislativo del presupuesto federal para 2027.
