El Gobierno de México volvió a colocar sobre la mesa uno de los temas más controvertidos de la política energética nacional: la explotación de gas natural mediante fractura hidráulica o fracking. Durante la conferencia matutina de este jueves, especialistas del Comité Científico sobre Soberanía Energética y Yacimientos de Gas Natural No Convencionales concluyeron que, aun con programas de eficiencia energética y un incremento en la producción convencional, el país no alcanzará la soberanía energética sin desarrollar sus reservas de gas no convencional.
La afirmación representa un giro relevante en un debate que durante años ha enfrentado argumentos técnicos, económicos y ambientales, y que incluso fue motivo de compromisos políticos para evitar esta práctica debido a sus posibles impactos ecológicos.
PRODUCCIÓN NACIONAL AUMENTARÍA, PERO LAS IMPORTACIONES SE MANTENDRÍAN
La especialista Alma América Porres Luna explicó que las medidas de eficiencia energética permitirán desacelerar el crecimiento del consumo de gas natural; sin embargo, no eliminarán la dependencia de las importaciones.
Las proyecciones del Comité indican que la producción nacional pasaría de cubrir el 25 por ciento de la demanda en 2025 a casi el 50 por ciento en 2030 mediante el fortalecimiento de los yacimientos convencionales. No obstante, el restante 50.5 por ciento seguiría llegando del extranjero, principalmente de Estados Unidos.
“Con estas medidas se puede reducir la dependencia de gas natural importado, pero México no alcanzaría la soberanía”, afirmó Porres Luna al presentar los primeros resultados del análisis.
UNA DEPENDENCIA QUE PREOCUPA
El diagnóstico expuesto evidencia la creciente vulnerabilidad energética del país. Actualmente, México consume alrededor de 9.1 mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural y tres de cada cuatro pies cúbicos provienen de Estados Unidos.
Además de abastecer a la industria y a Petróleos Mexicanos (Pemex), este combustible es indispensable para el sistema eléctrico nacional, pues cerca del 70 por ciento de la electricidad del país se genera con gas natural.
El Comité advirtió que, si no se aplican medidas para contener la demanda y aumentar la producción nacional, el consumo continuará creciendo hasta alcanzar 10.8 mil millones de pies cúbicos diarios hacia 2030.
EL OTRO LADO DEL DEBATE: LOS COSTOS AMBIENTALES
La propuesta gubernamental, sin embargo, reaviva una discusión que durante más de una década ha sido objeto de fuertes cuestionamientos por parte de investigadores, comunidades y organizaciones ambientalistas.
Diversos especialistas han advertido que la fractura hidráulica requiere grandes volúmenes de agua mezclada con arena y compuestos químicos para fracturar las formaciones rocosas y liberar el gas atrapado. Entre los principales riesgos señalados se encuentran la posible contaminación de acuíferos, la sobreexplotación de recursos hídricos en regiones con estrés hídrico, la generación de aguas residuales de difícil tratamiento, las emisiones fugitivas de metano —un gas de efecto invernadero de alto impacto— y la alteración de ecosistemas.
A estos señalamientos se suman preocupaciones por la actividad sísmica inducida documentada en algunos países y por los posibles conflictos sociales derivados del uso intensivo del agua en zonas agrícolas y rurales.
SOBERANÍA ENERGÉTICA CONTRA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
El análisis presentado por el Comité Científico abre nuevamente la discusión sobre el equilibrio entre seguridad energética y protección ambiental.
Mientras el Gobierno sostiene que aprovechar el gas no convencional permitiría disminuir la dependencia del mercado estadounidense y fortalecer la producción nacional, organizaciones ambientalistas insisten en que ampliar el uso del fracking sería incompatible con los compromisos de protección ambiental y mitigación del cambio climático, además de prolongar la dependencia de los combustibles fósiles en lugar de acelerar la transición hacia fuentes renovables.
El debate también adquiere un componente político, ya que en años recientes distintos actores del actual movimiento gobernante manifestaron públicamente su rechazo al fracking, argumentando precisamente sus posibles impactos ambientales.
EL ANÁLISIS CONTINUARÁ
La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, informó que el estudio apenas se encuentra en una primera etapa y que participan mesas especializadas en ingeniería, recursos hídricos, impacto ambiental y planeación energética.
Los resultados finales servirán como base para definir la estrategia que seguirá el Gobierno en materia de gas natural, en un contexto donde la creciente demanda energética contrasta con las exigencias de reducir emisiones contaminantes y proteger los recursos naturales.
Finalmente, la eventual decisión de impulsar el gas no convencional no solo implicará un análisis técnico y económico, sino también una evaluación sobre sus consecuencias ambientales, sociales y políticas, en uno de los temas que más divide a especialistas, autoridades y organizaciones civiles.
