Desde el pasado 6 de febrero de 2019, todos los funcionarios y funcionarias del gobierno federal adquirieron la obligación de manejarse, en todos los ámbitos de sus atribuciones y competencias, bajo un “lenguaje incluyente”, por lo cual todas las “comunicaciones institucionales” de la administración pública deberán “visibilizar a ambos sexos”.
Tal como establece el nuevo “Código de ética de las personas servidoras públicas del gobierno federal”, publicado el pasado 5 de febrero en el Diario Oficial de la Federación, las personas que desempeñen un “empleo, cargo o comisión” gubernamental, o en alguna de sus empresas productivas (como Pemex o CFE), ahora están obligados a “eliminar el lenguaje discriminatorio basado en cualquier estereotipo de género” durante el cumplimiento de sus funciones.
Igualmente, el Código de Ética les impone la obligación de “fomentar una cultura igualitaria e incluyente”, por lo cual promoverán “la igualdad entre mujeres y hombres”, además de que deberán respetar “la identidad y orientación sexual” de las personas.
El objetivo de esta medida, señala el documento (emitido por la Secretaría de la Función Pública) es lograr la “institucionalización de la perspectiva de género en el servicio público”.
Por ello, quienes cumplan alguna función en el servicio público federal “deberán brindar un trato igualitario a todos los individuos”, por lo que de ahora en adelante, queda totalmente prohibido que incurran en “cualquier acción u omisión que menoscabe la dignidad humana, derechos, libertades o que constituya alguna forma de discriminación”.
Cabe destacar que este comportamiento ético no sólo es una obligación de servidores públicos en relación con la población que deben atender, sino que también deben ejercer los mismos valores en el trato con el resto de sus compañeras y compañeros de trabajo, independientemente de su escalafón, “con el objeto de generar ambientes que privilegien el respeto de las personas”.
Y luego qué…
El lenguaje incluyente, explicó Silvia Solís, representante de la organización Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia AC, procura el reconocimiento “de todos los tipos de poblaciones que existimos, y que se deje de usar un lenguaje que siempre invoque a lo masculino, porque en esas formas de comunicación, todo lo femenino, y todas las diversidades, quedan totalmente invisibilizados”.
Por esa razón, explicó Solís, el que se vuelva obligatorio el uso de lenguaje incluyente en todas las comunicaciones institucionales del gobierno federal “es algo muy bueno, porque da muestra de una intención de política pública para institucionalizar una forma de comunicación en la que, desde el movimiento feminista, venimos insistiendo desde siempre”.
Contemplar de forma explícita a hombres y mujeres, explicó, es algo necesario “porque lo que no se nombra no existe. El lenguaje es la herramienta con la que explicamos el mundo, y esa explicación debe incluirnos a todas y a todos”.
Así, subrayó, incluir esta disposición en el Código de Ética del gobierno federal es muy buena noticia, pero ahora hay que esperar que lo cumplan: ya en el sexenio pasado, Enrique Peña Nieto había anunciado con bombo y platillo que su plan nacional de desarrollo iba a estar cruzado transversalmente por la perspectiva de género y de derechos humanos, pero nunca cumplió. La perspectiva de género no se aplicó ni siquiera en las políticas directamente relacionadas con mujeres”.
Además, señaló la integrante de Equidad de Género AC (organización con 22 años de trayectoria en la formación de liderazgos femeniles), la aplicación del lenguaje incluyente no puede considerarse más que un ingrediente, en un proceso que tendría que contemplar muchos otros elementos.
“Aplicar perspectivas de género es algo que falta prácticamente en todos los rubros del gobierno mexicano –señaló la especialista–, tendría que reflejarse en el presupuesto, en la política social, en la política educativa, en la política de salud, en la política de seguridad, en todos los ámbitos de competencia del gobierno, cuyos integrantes están obligados a atender las necesidades de la población”.
De todos los rubros pendientes, subrayó, “el más grave es el de la violencia: de los 12 feminicidios que se cometen en América Latina diariamente, México aporta nueve; hay un montón de alertas de género que ni siquiera son cumplidas; existen ejemplos de violencia institucional en distintos rubros del ejercicio público, entonces, qué bueno que estén haciendo esto de hacer obligatorio el uso del lenguaje incluyente en las comunicaciones institucionales, pero es necesario que lo reflejen en otro tipo de políticas también”.
Detrás del lenguaje
Ricardo Ayllon, de la asociación Género y Desarrollo AC (que desde hace 15 años trabaja con hombres, para la erradicación de la violencia machista) también consideró como algo “muy bueno” que la nueva administración federal estableciera como obligatorio el uso de lenguaje incluyente para quienes cumplen funciones públicas, sin embargo, advirtió que más allá de esta medida, “tal parece que en este gobierno no hay mayor interés por las perspectivas de género, y si solo se limita a usar ‘las y los’ en sus comunicados, nos estaremos quedando muy cortos”.
En México, recordó, en los sexenios anteriores “ya hemos visto cómo se hizo mal uso de todo el proceso del lenguaje, y se llegó al absurdo de solo nombrar las cosas en masculino y femenino, sin haber realizado todo el proceso necesario para adquirir, de forma verdadera, un lenguaje que no discrimine”.
El lenguaje, explicó, refleja un proceso de desarrollo cognitivo, biológico, psicológico y social, “que se va alimentando de todos los aprendizajes que acumulamos a lo largo de nuestra vida: si como hombres o mujeres nos desarrollamos en un contexto en el que se violenta, discrimina, invisibiliza a las mujeres, y a todo lo que se aleje de lo que consideramos masculino, entonces todas esas ideas y creencias se reflejarán en el lenguaje que usamos”.
Por lo tanto, explicó, “el únicamente ordenar el uso de ciertos términos, sin contemplar métodos para informar y sensibilizar a quienes ejercen la función pública, sin contemplar métodos para que se dé esa modificación cognitiva entre quienes ejercen funciones de gobierno” no va a modificar de fondo la visión machista con la que realizan su trabajo.
Si se procura ese cambio cognitivo en las personas que ejercen funciones públicas, subrayó, el cambio de lenguaje, “se daría de forma natural”.
Pero más allá “de la forma en que van a escribir sus comunicados”, destacó Ayllon, otros temas prioritarios en materia de política pública con perspectiva de género no han recibido atención de las nuevas autoridades federales.
“Al día de hoy –denunció–, no hay titular del Instituto Nacional de las Mujeres, y tampoco en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Y tampoco vemos interés del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por respaldar los esfuerzos que se hacen desde la sociedad civil para atender estas problemáticas.”
En general, lamentó, “en materia de política pública, lo que estamos viendo retrocesos, en todos los niveles de gobierno: el ejemplo de Jalisco, en donde el gobernador Enrique Alfaro desapareció el Instituto Jalisciense de las Mujeres, da cuenta de esa realidad, e igualmente han sido desaparecidas muchas unidades de género en distintas áreas de gobierno”.
A finales de 2018, recordó, “diversas agrupaciones que atendemos el tema de la violencia machista, haciendo trabajo con poblaciones masculinas, desarrollamos una agenda, con lo que consideramos que eran los puntos más importantes a atender en la materia, y presentamos este documento a todos los partidos políticos, y lo firmaron, comprometiéndose a dar seguimiento a dicha agenda”.
El único partido que no aceptó tomar en consideración esa agenda, emanada de la sociedad civil, señaló el representante de Género y Desarrollo AC, “fue el partido Morena”.
Así, concluyó, si se toma en cuenta que “el nuevo gobierno no reconoce los esfuerzos de la sociedad civil; si se toma en cuenta que los feminicidios van en aumento; que las cifras de acoso y hostigamiento en escuelas, en universidades, van en aumento; que los embarazos no deseados de mujeres adolescentes van aumentando; que los crímenes por homofobia y transfobia van aumentando, entonces el sólo contemplar el lenguaje incluyente en el Código de Ética del gobierno federal parece poco, parece sólo discurso.”
