En diez años de la guerra contra el narcotráfico que arrancó en México en 2016, se registran más de 160,000 muertes, 200,000 desplazados, 30,000 desaparecidos, 855 fosas clandestinas e innumerables ataques contra defensores de los derechos humanos y periodistas, reclamó Erika Llanos Hernández, coordinadora de la Red Retoño para la Prevención de la Delincuencia Organizada.
En el II Foro México Seguridad sin guerra. Una lectura desde las víctimas y la academia –convocado por la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Unión Europea y la citada Red– señaló que estas cifras son resultado de “la corrupción política, la impunidad y la falta de justicia”.
La única forma en que la delincuencia organizada se instala en una nación es a través de una alianza con estructuras del Estado –policías, jueces, fiscales, gobernadores, munícipes y funcionarios de todos los niveles– que genera una actividad criminal en el mercado de las drogas, que fortalece y diversifica, agregó la activista ante alumnos y académicos de la UAM.
La Red Retoño se pronunció por que los bienes decomisados a la delincuencia organizada tengan un destino de uso social, ya que los daños que se han causado a las familias y la sociedad son muy grandes.
“Frente a la ausencia del Estado en la búsqueda de los desaparecidos, los familiares se han organizado en brigadas de búsqueda ciudadana con lo que se convierten en buscadores de huesos de sus parientes para intentar encontrar la paz”, pues se cansaron de la falta de resultados de las procuradurías. No sólo se trafica con drogas, también con migrantes, niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual”, puntualizó.
En la mesa Diálogo con familiares víctimas de desaparecidos en México, madres de víctimas de violencia, manifestaron que no hay resultados positivos de la estrategia de seguridad del gobierno federal para combatir la desaparición de personas y calificaron como fracaso la política contra la delincuencia organizada.
