El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general reformas a la Constitución que otorgan nuevas facultades a la Guardia Nacional, consolidando su adscripción plena al Ejército y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para hacerse cargo de la seguridad pública del país. Con 362 votos a favor, 133 en contra y cero abstenciones, la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue respaldada principalmente por los partidos Morena, PT y PVEM.
A pesar de las 433 reservas presentadas por la oposición, que buscaban modificar el dictamen que afecta a 12 artículos constitucionales, la mayoría oficialista determinó no aceptar cambios y decidió enviar la propuesta al Senado de manera inmediata.
La reforma establece que, aunque las investigaciones penales seguirán bajo la responsabilidad del Ministerio Público, se otorgan nuevas atribuciones a la Guardia Nacional, compuesta mayoritariamente por personal militar. Según la modificación del artículo 21, la Guardia Nacional podrá realizar investigaciones en coordinación con el Ministerio Público y otras policías, actuando bajo su mando en este ámbito.
El decreto también redefine a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública profesional y permanente, integrada por elementos de origen militar y marino con formación policial. Su objetivo será coordinarse con estados y municipios para salvaguardar los bienes y recursos de la nación, y contribuir a la estrategia de seguridad pública.
La oposición expresó su rechazo a la reforma. Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, criticó que los militares asuman funciones de investigación, señalando que el gobierno tuvo la oportunidad de mejorar las policías civiles y no lo hizo. Miguel Monraz, del PAN, calificó de “incongruente” la militarización de la seguridad pública, destacando que, en el pasado, Morena se opuso a estas prácticas.
Por otro lado, Ricardo Monreal, coordinador de Morena, defendió la reforma, afirmando que se logrará reducir la violencia e inseguridad en el país.
Organizaciones de derechos humanos también han cuestionado la reforma. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó al Congreso a priorizar un enfoque civil en la seguridad pública, mientras que el Centro Prodh advirtió que esta medida podría llevar a una militarización irreversible, señalando la falta de controles civiles a las acciones de los militares.
Con más del 80% de los 130 mil integrantes de la Guardia Nacional provenientes de las fuerzas armadas, la nueva estructura plantea interrogantes sobre el futuro de la seguridad en México y el respeto a los derechos humanos en este contexto.
