El gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico y uso ilegal de armas, en un caso que trasciende lo individual y apunta a posibles redes de complicidad política.
De forma paralela, autoridades estadounidenses solicitaron al gobierno mexicano su detención provisional, junto con la de otros nueve funcionarios sinaloenses señalados por cargos similares. Esta medida forma parte del proceso previo a una eventual solicitud formal de extradición.
UN CASO QUE PODRÍA MARCAR PRECEDENTE
Para el especialista en seguridad David Saucedo, la forma en que se resuelva este caso será clave para procesos futuros. En entrevista para Infobae, advirtió:
“Los norteamericanos tienen una lista muy larga. Sinaloa apenas es el principio de una serie de procesos de investigación y solicitudes de captura”.
El analista sostuvo que la acusación contra Rocha Moya podría convertirse en un modelo operativo para acciones posteriores contra otros actores políticos de alto nivel.
UNA LISTA QUE APUNTA A MÁS FUNCIONARIOS
Según Saucedo, entre los perfiles que podrían ser requeridos por autoridades estadounidenses figuran políticos en funciones y figuras relevantes del partido en el poder, como Américo Villarreal Anaya, Adán Augusto López Hernández y Mario Delgado Carrillo.
Además, mencionó al general Audomaro Martínez Zapata, vinculado en reportes periodísticos con redes de huachicol fiscal.
“Esta primera negociación […] sería como el molde para los siguientes procesos de detención […] es una larga lista”, afirmó.
ADVERTENCIAS IGNORADAS Y CAMBIO DE ESTRATEGIA
El experto aseguró que el gobierno estadounidense habría compartido con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo una lista de al menos diez políticos presuntamente vinculados al crimen organizado desde hace un año.
Según su versión, dicha información no fue atendida bajo la percepción de que se trataba de presión política:
“pensaron que se trataba de una especie de chantaje […] para obtener ventajas comerciales y migratorias”.
Saucedo sostiene que el enfoque ha cambiado:
“Ahora sí van en contra del régimen político mexicano”.
OTRAS VERSIONES APUNTAN A UNA RED MÁS AMPLIA
Por su parte, la periodista Anabel Hernández ha señalado que la lista incluiría a diez figuras políticas, en su mayoría vinculadas a Morena. Entre ellas menciona a Alfredo Ramírez Bedolla, Marina del Pilar Ávila, Alfonso Durazo Montaño y Mara Lezama Espinosa.
También figuran nombres como Ricardo Monreal Ávila y Gerardo Fernández Noroña, lo que ampliaría el alcance político del caso.
UN ESCENARIO EN EVOLUCIÓN
Mientras avanzan las investigaciones, Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal a su cargo. El caso abre interrogantes sobre la cooperación bilateral en materia de justicia y el impacto político de posibles extradiciones.
Más allá de nombres y listas, el proceso pone a prueba la capacidad de respuesta institucional ante acusaciones que cruzan fronteras y exhiben la dimensión internacional del crimen organizado.
Con información de Infobae
