Impera baja empleabilidad de jóvenes, mujeres, indígenas y discapacitados en el país: CONEVAL
CONEVAL muestra los problemas asociados a la accesibilidad y la identificación de empleo disponible (incluyendo el acceso a trabajo remunerado), como el limitado alcance de la intermediación entre oferta y demanda a cargo del Servicio Nacional del Empleo, que tendió a decrecer como efecto de los recortes presupuestales al programa y fue semejante en el caso de las agencias privadas de colocación.
En México, se advierte una extendida precariedad laboral agravada por razones de sexo y edad y vulnerabilidad, revela el Estudio Diagnóstico del Derecho al Trabajo 2018 que elaboró el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
El organismo urge al incremento al salario mínimo para, junto con la mayor productividad, lograr promover el empleo como “el principal mecanismo de inclusión social y cumplir con las exigencias del derecho al trabajo digno, a la par de reducir la pobreza por ingresos”.
Asimismo, apremia a la formalización del empleo. Para cerrar las brechas en el acceso al empleo formal y, por ende, a la seguridad social; también llama a mejorar el modelo de fiscalización para detectar actos de evasión de manera coordinada entre distintas autoridades (STPS, IMSS, INFONAVIT y SAT), y con ello generar una reducción más acelerada del empleo informal y de la subdeclaración, especialmente en el caso del empleo asalariado, pues, al comparar las brechas en el acceso a un empleo de calidad entre la población trabajadora se identificó que no se hace efectivo el derecho a la igualdad y la no discriminación, obligación marcada por el derecho al trabajo.
CONEVAL muestra los problemas asociados a la accesibilidad y la identificación de empleo disponible (incluyendo el acceso a trabajo remunerado), como el limitado alcance de la intermediación entre oferta y demanda a cargo del Servicio Nacional del Empleo, que tendió a decrecer como efecto de los recortes presupuestales al programa y fue semejante en el caso de las agencias privadas de colocación. Por lo anterior, la principal vía utilizada para encontrar vacantes y acceder al empleo fueron los medios informales, lo que en el caso de personas de bajo nivel socioeconómico los llevaría a ocupar empleos precarios.
Se identifica también un importante déficit en capacitación, ya que 57.6% con antecedentes laborales no contó con formación para el trabajo en los tres últimos años, estando en peor situación las mujeres (61.1%) que los hombres (53.4%) y el grupo de edad de 45 años o más (65 por ciento), respecto a la población joven (50.6%).
Las brechas más importantes radican en la falta de contrato escrito (que influye en el acceso a prestaciones y se agrava en los establecimientos de menor tamaño); la informalidad debido a la falta de inscripción en la seguridad social (casi seis de cada diez ocupados no la tienen, afectando más a los que tienen menor escolaridad, las personas indígenas, las y los jóvenes, las personas encargadas de las labores domésticas, las personas jornaleras agrícolas, entre otros), y el bajo ingreso que obtienen los asalariados y ocupados que ha derivado en la pérdida de poder adquisitivo del salario mínimo general, ubicado por debajo de la línea de pobreza por ingresos, alerta CONEVAL.
Al detallar que el mercado laboral mexicano se caracteriza por el bajo porcentaje de la participación femenina con respecto a la masculina, a pesar de tener un leve incremento entre 2009 y 2017, al pasar de 41.6 a 42.8%. En este último año, la participación fue mayor en Colima (55.2%) y la más baja en Chiapas (31.6%). Fue mayor en las áreas más urbanizadas (47.2%) y en el área urbana media (46.7%), mientras que en el área rural tan solo 31% de las mujeres participó en el mercado laboral. CONEVAL resalta el papel “fundamental” del acceso a guarderías para las madres trabajadoras.
Si bien entre 2007 y 2015, se presentó una importante disminución en el porcentaje de menores que trabajaban, al pasar de un total de 12.6% a 8.4% y en este último año (aun así 11 de cada cien niños y 5 de cada cien niñas trabaja); el principal problema que enfrenta la población joven es la falta de oportunidades de empleo, la cual tiene una mayor presencia entre los desempleados, de acuerdo con cifras de 2017, 5.9% de las personas entre 15-29 años se encontraban en esa situación.
Los jóvenes son quienes nutren el mercado informalidad al alcanzar el 60.6% de los empleados.
Asimismo, el desempleo afecta en mayor medida a la población con al menos una discapacidad con respecto a quien no la presenta. En 2010, mientras que la tasa de desempleo en general era de 4.5%, este porcentaje se incrementaba 6% en quienes tenían una discapacidad.
Respecto de las personas que tienen derechohabiencia, 65.5% de los hombres y 69.1% de las mujeres con alguna discapacidad cuentan con este derecho social, siendo poco menor el porcentaje con derechohabiencia de las personas sin discapacidad, que representa 62.2% en hombres y 67% en mujeres.
Los asalariados en el sector agropecuario equivalían, en 2017, a 8.5%. En cuanto a sus percepciones, medidas en salarios mínimos, 74.6% percibe hasta dos salarios mínimos generales y la mitad solo hasta uno. Mientras que 12.9% de los trabajadores asalariados agropecuarios tiene acceso a la seguridad social, accede a ésta 57.8% de los asalariados no agropecuarios (que son los que tienen un empleo formal). La población ocupada en el sector agropecuario tiene mayor presencia en cinco entidades federativas donde superan 5% del total de ocupados (Estado de México, 13.8%; Jalisco, 7%; Ciudad de México, 8%, Veracruz, 6% y Puebla 5.2%). Este grupo representa 2.6% del total de la población ocupada del país.
En 2015, la tasa de participación de los hombres indígenas fue de 74.3% y de las mujeres indígenas de 31.4%.
En el periodo de 2000 a 2015, los salarios de los retornados se han deteriorado, de esta manera los ingresos promedios mensuales de la población migrante de retorno son ligeramente inferiores a los de los no migrantes. Los hombres ganan más que las mujeres, pero esta brecha es mayor entre la población no migrante que la migrante de retorno. No sólo son menores los ingresos de las personas retornadas, sino que tienen menor acceso a prestaciones médicas o ahorro para el retiro que la población no migrante, ya que 41.1% de trabajadores subordinados retornados tienen estas prestaciones contra 56.4% de los trabajadores subordinados no migrantes. En los hombres migrantes y no migrantes la brecha es aún mayor (54.5% de los no migrantes respecto del 39% de los migrantes), concluye CONEVAL.
