Un Centro de Almacenamiento y Transformación (CAT) de materias primas forestales ubicado en Tlaxiaco, Oaxaca, quedó bajo acciones legales luego de que una inspección detectara presuntas irregularidades en el manejo de recursos forestales.
Durante una revisión realizada el 28 de julio, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), con apoyo de la Guardia Nacional, localizó 2 mil 416 piezas de madera de pino, entre tablas, barrotes, polines y vigas.
El volumen total del material asegurado ascendió a 44.844 metros cúbicos, además de diversos equipos utilizados para transformar la madera.
La revisión ocurrió en una zona considerada por las autoridades como crítica forestal. Esto, debido a la problemática relacionada con el aprovechamiento irregular de recursos maderables.
ASEGURAN MAQUINARIA Y CLAUSURAN EL SITIO
Ante lo que la Profepa consideró un riesgo inminente de daño o deterioro grave de los recursos naturales, se determinó el aseguramiento precautorio de la madera, maquinaria y equipo, además de la clausura temporal total del establecimiento.
Entre los equipos asegurados se encuentran un trompo para madera, tres cepillos, una canteadora y una sierra circular, maquinaria destinada al procesamiento físico-mecánico de productos forestales.
La medida busca impedir que el establecimiento continúe con actividades de almacenamiento, posesión y transformación de materias primas forestales sin los controles establecidos por la autoridad competente.
DE LA CLAUSURA A UNA DENUNCIA PENAL
El caso escaló al ámbito penal después de que la Profepa detectara, según informó, posibles irregularidades relacionadas con los sellos de clausura y las medidas de seguridad impuestas.
El 1 de agosto, la dependencia presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal por la posible posesión y almacenamiento ilícito de los recursos forestales asegurados.
Posteriormente, el 6 de agosto, presentó una querella por el posible quebrantamiento de los sellos de clausura y el presunto incumplimiento de la medida de seguridad que ordenaba la suspensión temporal total de las actividades.
Estos señalamientos deberán ser investigados por las autoridades ministeriales, por lo que hasta este momento se trata de hechos sujetos a investigación y no de una sentencia definitiva.
EL CASO SIGUE BAJO INVESTIGACIÓN
La Profepa informó que también inició el procedimiento administrativo sancionatorio correspondiente y continuará con las actuaciones dentro de sus facultades.
Además, señaló que mantendrá coordinación con la FGR para aportar elementos a la carpeta de investigación iniciada por estos hechos.
El aseguramiento representa un nuevo golpe a las actividades forestales que operan fuera de los controles establecidos. Particularmente en una región donde la presión sobre los recursos maderables constituye un problema ambiental de relevancia.
