La tensión se mantiene en la Mixteca a causa del añejo conflicto agrario entre la Sociedad Agrícola de Santiago Chazumba (S.A.S.CH.) y la agencia municipal de Olleras de Bustamante, convirtiéndose en una escalada de denuncias por despojo, señalamientos de corrupción de funcionarios y, de manera alarmante, en un atentado contra la biodiversidad de la región.
El presidente de la S.A.S.CH., Eusebio Pimentel Carrera, informó que el núcleo de la controversia es la posesión de una extensión de cerca de dos mil 596 hectáreas. Explicó que, respaldados por una escritura pública que data de 1870, los integrantes de la sociedad buscan ejercer la posesión legítima de dichos terrenos.
Pimentel Carrera externó que una de las denuncias más graves por parte de los afectados de Santiago Chazumba es la presunta participación de funcionarios del sector agrario en el intento de despojo, señalando directamente a personal de la Procuraduría Agraria y a un magistrado del Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 46, con sede en Huajuapan, por un supuesto abuso de poder.
Por otro lado, el representante agrario indicó que el conflicto territorial ha tenido una consecuencia particularmente destructiva sobre el medio ambiente, ya que Santiago Chazumba forma parte de los 50 municipios oaxaqueños que integran la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán, reconocida por la UNESCO por su gran riqueza ecológica, especialmente en especies de cactáceas.
“Especies protegidas como el cactus, la biznaga, magueyes y una especie de palma en peligro de extinción fueron taladas o removidas para abrir caminos y establecer cercas, sin contar con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ni del Gobierno de Oaxaca. Este ecocidio agrava la situación, pues no solo se trata de una disputa por tierra, sino de un daño irreparable a un patrimonio natural protegido a nivel internacional”, expresó.
El presidente de la mesa directiva de la Sociedad Agrícola manifestó también su preocupación por la inestabilidad social y el temor de que la disputa termine en un desplazamiento forzado de las familias que habitan el Barrio Tanchi, comparando la situación con otros conflictos agrarios violentos que han marcado a la región Mixteca.
Ante este panorama, las partes afectadas exigen la intervención inmediata y justa de los tres niveles de gobierno para restablecer la paz social, detener el ecocidio en la biósfera y garantizar el respeto a la legalidad de las escrituras públicas que, aseguran, respaldan a los legítimos propietarios de la tierra.
Fernando Reyes / IGAVEC
