El cacicazgo del ex alcalde de Eloxochitlán de Flores Magón, Manuel Zepeda y de su hija, la morenista Elisa Zepeda, hoy diputada estatal, de nueva cuenta está en entredicho pues mujeres mazatecas solicitan audiencia directa ante los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues acusan más de diez años de criminalización y para pedir la atracción de su caso.
En la ciudad de México, el grupo de mujeres demandan, además, la cancelación de 200 órdenes de aprehensión por diversos delitos que, sostiene, se basan en pruebas fabricadas.
Para respaldar la demanda, entregaron un escrito y, a través de un Programa político cultural, solicitaron ser escuchadas directamente por cada uno de los ministros.
El grupo ganó una sentencia el pasado el 20 de febrero de 2026 que desmintió las acusaciones de la diputada morenista de Oaxaca, Elisa Zepeda Lagunas.
Las mujeres se manifestaron afuera de la sede de la Corte, representadas por la abogada de su comunidad, Argelia Betanzos, quien acusó que la persecución judicial tiene un trasfondo político, derivado de su resistencia al cacicazgo del ex alcalde Manuel Zepeda Cortés y su hija, la diputada de Morena Elisa Zepeda, así como de un presunto contubernio político y empresarial para despojarlas de sus tierras.
La petición surge en un contexto que las propias comunidades describen como una situación de urgencia humanitaria, marcada por desplazamiento forzado, persecución judicial, tortura, encarcelamiento prolongado sin sentencia, criminalización y una profunda desarticulación comunitaria derivada de procesos penales que han afectado a decenas de personas.
La reciente sentencia del Primer Triibunal Colegiado en favor del antropólogo mazateco y defensor comunitario Miguel Peralta, estableció con claridad lo que la comunidad ha sostenido durante años: la falsedad de las acusaciones, la inexistencia de los elementos constitutivos del delito imputado y la presencia de graves irregularidades estructurales, entre ellas la fabricación de pruebas y la incorporación de testimonios inexistentes dentro del proceso judicial.
Hay 14 campesinos mazatecos en desplazamiento forzado con órdenes de aprehensión ya sin sentido, puesto que el fondo ha sido combatido y ganado por personas acusadas en múltiples ocasiones. Buscamos la cancelación de 200 órdenes de aprehensión que se reactivaron apenas en 2025. Y también buscamos el cierre de los procesos penales que siguen abiertos de compañeros que salieron bajo medidas cautelares después de 10 años de prisión sin sentencia”, expuso Betanzos.
