Una denuncia ciudadana difundida en redes sociales colocó nuevamente bajo el escrutinio público a la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO), organización que en los últimos días ha acompañado el proceso de reordenamiento del transporte impulsado por el Gobierno estatal y que ha sido señalada por diversos sectores de utilizar métodos de presión para ampliar su presencia en distintas zonas de la entidad.
La publicación, que rápidamente se viralizó, acusa a presuntos integrantes de ese sindicato de ingresar de forma violenta a la comunidad de San Miguel Etla, donde, según los denunciantes, intimidaron a transportistas y pobladores con la intención de controlar el servicio de mototaxis y restringir la operación de unidades locales.
Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido un posicionamiento oficial sobre los hechos, ni se ha confirmado de manera independiente el contenido de la denuncia.
ACUSAN INGRESO DE PERSONAS ENCAPUCHADAS
De acuerdo con el mensaje difundido en redes sociales, los hechos ocurrieron durante la tarde del sábado, cuando un grupo de personas, descritas como encapuchadas y armadas, habría ingresado a la comunidad.
La denuncia sostiene que los presuntos integrantes de ASAEO comenzaron a obligar a los usuarios a descender de mototaxis pertenecientes a transportistas locales para abordar unidades provenientes de otra organización.
“Comenzaron a bajar a la fuerza a los pasajeros de los mototaxis locales para obligar a la gente a subir a las unidades del Vergel. No están dejando pasar a los sitios de Villa de Etla, ni permiten trabajar a los transportistas de San Miguel, San Gabriel y San Juan Bautista Guelache”, señala el texto difundido en redes.
Los denunciantes también afirmaron que la situación obligó a la comunidad a activar mecanismos de alerta.
“Se tuvo que recurrir al repique de campanas para alertar a la población”, refiere la publicación.
TEMOR POR PRESUNTO COBRO DE CUOTAS
Uno de los señalamientos más delicados contenidos en la denuncia es la supuesta intención de tomar el control del denominado Baratillo de San Miguel Etla.
Según el documento, habitantes recibieron reportes de la posible llegada de más integrantes del sindicato acompañados por taxis foráneos.
“Su intención aparente es tomar el Baratillo para empezar a cobrar cuotas y extorsionar a los comerciantes”, afirma el mensaje ciudadano.
Hasta ahora, no existe información oficial que confirme estas acusaciones, por lo que permanecen como señalamientos realizados por los denunciantes.
RECLAMAN FALTA DE RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES
La publicación también cuestiona la actuación de las corporaciones de seguridad.
Los habitantes aseguran haber realizado múltiples llamadas al número de emergencias 911 para solicitar apoyo de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional; sin embargo, afirman que únicamente acudió una patrulla municipal sin intervenir.
“Solo llegó una sola patrulla que se quedó parada sin hacer absolutamente nada, argumentando que no podían actuar ante la presencia de los encapuchados”, sostiene la denuncia.
Finalmente, los ciudadanos exigieron una respuesta inmediata.
“¡Exigimos orden y seguridad inmediata en nuestras comunidades! No vamos a permitir que sigan despojando a los transportistas locales ni que cobren piso a nuestros comerciantes.”
EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE, BAJO LA LUPA
Los hechos ocurren en medio del proceso de reorganización del transporte público que impulsa el Gobierno de Oaxaca y en el que ASAEO ha tenido una participación visible.
Diversos sectores han manifestado preocupación por la creciente influencia de agrupaciones sindicales en la operación del transporte, particularmente en municipios donde existen conflictos entre concesionarios, mototaxistas y organizaciones sociales.
Aunque las autoridades han señalado que el objetivo del reordenamiento es brindar mayor certeza al servicio, las denuncias ciudadanas reflejan un clima de incertidumbre y cuestionamientos sobre la forma en que dicho proceso se desarrolla en algunas comunidades.
OPINIONES EN REDES SOCIALES REFLEJAN INDIGNACIÓN Y POLARIZACIÓN
La denuncia generó una intensa reacción en redes sociales, donde decenas de usuarios expresaron preocupación por la seguridad en la región, cuestionaron la actuación de las autoridades y llamaron a la organización comunitaria para impedir el ingreso de grupos externos.
Entre los comentarios, varios ciudadanos pidieron unidad entre las comunidades del Valle de Etla para hacer frente a la situación.
“Hay que sumarse al llamado de los pueblos, basta de tanta impunidad”, escribió el usuario Adrián Miguel.
En el mismo sentido, Iván Martínez llamó a la población a mantenerse organizada.
“No se dejen. Pidan apoyo a toda la comunidad”.
Otros usuarios manifestaron temor de que las presuntas acciones denunciadas deriven en el cobro de cuotas a comerciantes y productores.
“Si nos dejamos, por cada kilo de becerro, borrego o cerdo van a querer cobrar estos malditos”, comentó Ubaldo Romero.
También hubo quienes señalaron experiencias similares en otros municipios.
“En el fraccionamiento Esmeralda y Hacienda Blanca metieron sus mototaxis del sindicato a la de a huevo cuando ya había una asociación de mototaxis”, afirmó Nath Hernández.
Las críticas también se dirigieron hacia las autoridades estatales por la supuesta falta de intervención.
“Todas las corporaciones policíacas están bajo la orden de Salomón Jara; por eso no hacen nada. Solo queda que todos los pobladores defiendan sus tierras”, escribió Ely López Martínez.
Otros usuarios hicieron llamados a la unidad comunitaria.
“El pueblo unido jamás será vencido”, fue una de las frases que más se repitió entre los comentarios.
Asimismo, algunos mensajes trasladaron el debate al terreno político, al responsabilizar al gobierno estatal de la situación o al convocar a expresar su inconformidad en las próximas elecciones.
Las opiniones corresponden exclusivamente a usuarios de redes sociales y no constituyen hechos comprobados, aunque reflejan el clima de preocupación, inconformidad y polarización que generó la denuncia difundida en plataformas digitales.
PERSISTEN INTERROGANTES
El caso deja abiertas varias preguntas: si existió una intervención violenta por parte de integrantes de ASAEO, cuál fue la actuación de las corporaciones de seguridad y qué acciones emprenderán las autoridades para esclarecer los hechos y garantizar condiciones de seguridad para los habitantes y transportistas de San Miguel Etla.
Finalmente, mientras no exista una postura oficial, las denuncias continúan circulando ampliamente en plataformas digitales, alimentando el debate sobre el papel de las organizaciones sindicales en el transporte público y la capacidad institucional para prevenir conflictos en las comunidades.
