Fundadores e integrantes de distintas asociaciones civiles en defensa de los derechos de las comunidades indígenas y de las luchas sociales hicieron un llamado a la ciudadanía a no acostumbrarse a la impunidad ante los asesinatos de líderes y activistas, así como de las víctimas a quienes no se les ha resarcido el daño. Demandaron justicia y el esclarecimiento de estas muertes.
Norma González Jiménez, abogada federal y fundadora del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET), señaló que persisten muchos derechos pendientes de garantizar, lo que mantiene una deuda histórica del Estado con los pueblos indígenas, por lo que consideró necesario reavivar el espíritu de resistencia.
“Es un llamado a todos los que participamos en nuestras comunidades para que continuemos exigiendo justicia, porque no se han esclarecido las muertes de líderes sociales. Las tareas de justicia son las más pendientes, y muchas mujeres que han perdido hijas e hijos no han recibido reparación del daño”, subrayó.
Agregó que las organizaciones no deben acostumbrarse a la impunidad, ya que “callar a los líderes de los movimientos sociales es callar la voz de la ciudadanía”.
Asimismo, advirtió que los programas sociales han sido utilizados de manera clientelar, limitando las expresiones políticas y comunitarias de los pueblos. “Si a las comunidades se les encasilla en un solo programa, sin que logren la máxima autonomía como expresión de sus derechos, no se avanzará. Las comunidades cuentan con autoridades legítimas que pueden administrar los recursos públicos por sí mismas”, expresó.
Finalmente, González Jiménez reconoció que las reformas del gobierno tienen buenas intenciones, pero al aplicarlas es fundamental respetar la autonomía de las comunidades indígenas y evitar su paternalización, ya que de lo contrario los programas sociales no cumplirán su cometido.
Fernando Reyes / IGAVEC
