Autoridades electas de San Juan Mazatlán Mixe denunciaron este viernes, en el zócalo de la ciudad de Oaxaca, frente al Palacio de Gobierno, que presuntos operadores del Gobierno del Estado les habrían condicionado la entrega de su acreditación oficial a cambio de ceder el control de la Tesorería y la Secretaría Municipal, situación que, aseguraron, ha generado inconformidad entre las comunidades del municipio.
Durante una conferencia de prensa, los representantes municipales afirmaron que su triunfo electoral quedó firme tras una resolución judicial, por lo que consideraron injustificado el retraso en el reconocimiento oficial de las autoridades.
“Nosotros ganamos en dieciséis comunidades y es así donde nos dan el triunfo el día 8 de abril. La otra parte impugna en la Sala Superior y la Sala Superior lo que hace es que confirma y queda firme la sentencia de la Sala Regional Xalapa”, expresaron.
ACUSAN CONDICIONAMIENTO PARA OBTENER LA ACREDITACIÓN
Los representantes sostuvieron que, pese a contar con una resolución definitiva, la acreditación no ha sido entregada debido a presuntas exigencias realizadas por personas que identifican como operadores del Gobierno estatal.
“Quieren la Tesorería y la Secretaría para entregarles la acreditación. Sí, pues solamente eso, prácticamente, sabemos que es todo”, señalaron.
Al ser cuestionados por reporteros sobre quiénes estarían realizando dichas exigencias, respondieron:
“Son sus operadores del gobierno, con quienes hemos tenido ya varias pláticas y todos coinciden en lo mismo.”
Incluso aseguraron que el mensaje ha sido reiterativo durante las reuniones sostenidas.
“Si no cedemos la Tesorería y la Secretaría, no hay acreditación; eso es lo que nos dicen.”
Hasta el momento, el Gobierno del Estado de Oaxaca no ha emitido una postura pública sobre estos señalamientos.
COMUNIDADES YA REALIZARON PROTESTAS
Las autoridades municipales indicaron que el conflicto ya provocó movilizaciones en el municipio y que las comunidades comenzaron a organizar acciones de protesta.
Al ser cuestionados sobre las medidas adoptadas por la población, respondieron:
“Claro, de hecho, hace unos días, la semana pasada, se organizaron las comunidades e hicieron un bloqueo.”
No precisaron si las movilizaciones continuarán, aunque señalaron que la decisión dependerá de las asambleas comunitarias.
REACCIONES EN REDES SOCIALES
Luego de que la denuncia de las autoridades de San Juan Mazatlán Mixe se difundiera en redes sociales, decenas de usuarios expresaron posturas encontradas sobre el caso.
Entre los comentarios publicados predominó la crítica hacia el gobierno estatal y Morena. Algunos usuarios cuestionaron la presunta intervención en la vida interna del municipio y exigieron respeto a la autonomía municipal.
“Están creando su propia tumba los de Morena, adiós gobierno próximamente; 2027 ahí se va a ver, ya estamos hartos de tanta robadera de los morenistas”, escribió el usuario Carlos Brambilla.
Otros señalaron que el conflicto debería servir como reflexión para futuros procesos electorales.
“Sus pueblos y la zona votó por ellos… espero no se les olvide el próximo año”, comentó Sergio Gon.
También hubo quienes hicieron referencia a la autonomía de los municipios.
“LA AUTONOMÍA MUNICIPAL.!!! Agarren lo votado”, publicó Antolio Jiménez.
Mientras que otros usuarios atribuyeron el conflicto a presuntos intereses políticos y económicos.
“Jara queriendo juntar pesitos nuevamente del municipios”, escribió Cruz Cruz Luna.
Asimismo, hubo comentarios de desaprobación hacia el partido en el poder. Como el de Quique Espinoza García, quien expresó:
“Qué bueno que votaron por Morena.”
Las opiniones difundidas en redes sociales corresponden exclusivamente a sus autores y no representan hechos comprobados.
PERSISTE LA INCERTIDUMBRE
La denuncia ocurre en un contexto de tensión política en San Juan Mazatlán Mixe. Donde las autoridades electas insisten en que cuentan con el respaldo de la resolución judicial y de la mayoría de las comunidades. Mientras tanto, esperan la entrega de la acreditación oficial para asumir plenamente sus funciones.
El caso abre nuevamente el debate sobre el respeto a la autonomía municipal, la legalidad en los procesos de acreditación de autoridades y la necesidad de que las instituciones competentes esclarezcan los señalamientos realizados públicamente.
