La falta de un plano con el que el gobierno estatal detalle cuál es la Zona de Reserva Ecológica y Área Natural protegida, decretada el 14 de noviembre de 1992, así como la carencia de un plan de manejo integral del parque estatal Cerro del Fortín-Crestón- Cruz Blanca y del parque nacional Benito Juárez, reavivó el conflicto por el avance de la mancha urbana de la ciudad de Oaxaca y la incertidumbre de pequeños propietarios que se dicen afectados por tal decreto.
Este jueves, ante la posibilidad de que el cabildo dejara sin efecto los acuerdos por los que desde noviembre de 2021 están suspendidos los cambios de uso de suelo y las licencias de construcción, el ambientalista Carlos Morales protestó para advertir del riesgo que esto implica para las áreas naturales y por la sobre carga del crecimiento urbano.
El presidente de la asociación Colmillo Blanco exigía una mesa de trabajo con las autoridades y vecinos de las zonas en cuestión, pues señaló que aunque los propietarios tienen derechos, el decreto debe de respetarse por el beneficio común.
Tiene que ser así para beneficio inclusive de ellos mismos y de sus generaciones porque ese es el único pulmón de Oaxaca”, apuntó en referencia a la reserva decretada así el 14 de noviembre de 1992 y al parque estatal Cerro del Fortín, decretado como tal el 30 de octubre de 2004.
Sin embargo, su manifestación fue irrumpida por vecinos del ejido Guadalupe Victoria, quienes se identificaron como propietarios de terrenos bajo algún régimen privado, ejidal o comunal y acusaron al ayuntamiento y ambientalistas de atentar contra su “único patrimonio”.
Asimismo, denunciaron que tal decreto de 1992 y los acuerdos de 2021 y 2022 les han impedido disponer de sus propiedades. Además de que los mantiene en la incertidumbre debido a que, a pesar de pagar predial, no han podido edificar construcción alguna ni vender sus terrenos.
Más tarde, en medio de la protesta de los propietarios que exigían respeto a sus derechos, el cabildo acordó en sesión enviar a análisis la propuesta del regidor Pável López Gómez. Este argumentó que la necesidad de dejar sin efecto los acuerdos es ante la petición de más de 700 ciudadanas y ciudadanos que son “dueños” y que presuntamente es porque se está dejando “sin derecho 25 827 personas” de “48 colonias”.
De acuerdo con el activista Carlos Morales y la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático del ayuntamiento, a la fecha existen 204 peticiones de cambios de uso de suelo, de licencias de construcción o de subdivisión en tales zonas.
La dependencia municipal también explicó que aunque no existe todavía un plan estatal se debería analizar el estado de las reservas para plantear soluciones que permitan mantener el pulmón de la ciudad y los derechos de las personas que acrediten alguna propiedad en la reserva y parques estatal y nacional. Y es que recordó que la falta de un plano que delimitara de forma concreta la reserva, desde 1992 ha avanzado la mancha urbana.
En su momento, la regidora Mirna López Torres consideró que el acuerdo aprobado en la anterior administración estatal del partido Moreno y en 2022 por la actual “estorba a los que dañan el ambiente, a los que no quieren sujetarse a la norma o carecen de visión sustentable”.
Abrogar este acuerdo es admitir que somos incapaces de regular, incapaces de cumplir nuestro propio punto de acuerdo”, dijo.
