Para el fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, el Ejército no tiene que realizar funciones de seguridad interior, porque es deber de las corporaciones policiacas.
Luego de que el Senado aprobara la Ley de Seguridad Interior, el fiscal insistió en que a las fuerzas militares no les corresponde la seguridad pública, sino a las policías, cuyo problema de falta capacitación y profesionalización, puede resolverse.
“La solución más conveniente para el país es que haya corporaciones que cumplan con la profesionalización y estén exentos de la contaminación de pertenecer a la delincuencia”, opinó el fiscal.
Recordó que ante este problema en las policías y el combate a la delincuencia, se ha contado con el apoyo de otras corporaciones y elementos del Ejército, pero siempre con sus limitaciones y en casos necesarios.
Vasconcelos Méndez reconoció también que hay fenómenos desbordados del crimen que no han podido ser controlados y que ameritan la participación de los cuerpos militares, pero siempre con cierta normatividad.
En este aspecto, precisó que en la entidad sí hay células del crimen organizado, pero no tienen presencia permanente ni están establecidas en Oaxaca como sucede en otros estados del país.
Aclaró que tampoco se ha documentado su presencia de manera reciente, porque estos se han percibido desde hace varios años, sobre todo en la Cuenca del Papaloápam, Istmo de Tehuantepec y la Costa.
De los homicidios y su incremento en dichas regiones, aclaró que la mayoría de éstos no se derivan del crimen organizado, sino de otros factores.
De esta Ley aprobada por el Senado, expuso la necesidad de establecer cómo lograr que la sociedad esté protegida y que las actividades que realicen los cuerpos militares al momento de dar seguridad interior, esté limitada.
“Si hay algo de ventaja en una normatividad como ésta, es que se trata de una norma y las normas ponen límites”, insistió.
Para el fiscal, la mejor forma de ejecutar la Ley, es con un marco normativo en toda la participación de las fuerzas militares en el ámbito de la seguridad interior, porque no son éstas las que deben participar en el tema de la seguridad pública, “porque están para la seguridad nacional”.
De la posible militarización del país y la presencia desbordada de los militares en cada una de las entidades, el funcionario consideró que esto no sucederá, siempre y cuando establezcan dinámicas con determinados límites.
“Muchas de las vigilancias en carreteras, por ejemplo, se realizan de manera conjunta, pero creo que esta ley debe tender a la limitación y regulación de su forma de intervención y no al desbordamiento”, puntualizó.
De esta Ley que fue aprobada por el PRI, PVEM y el apoyo dividido del PAN, se dan 180 días a los gobernadores para profesionalizar sus policías, o por lo menos tener sus proyectos y presupuestos.
También se establece que las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen de conformidad con la Constitución, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior.
