Una maniobra para retirar una estatua terminó en tragedia. Un trabajador perdió la vida tras entrar en contacto con una línea de alta tensión mientras participaba en labores relacionadas con el retiro de la estatua de Benito Juárez, en un hecho que ahora deberá ser investigado para determinar si se tomaron las medidas necesarias para evitar el accidente.
El fallecido fue identificado de manera preliminar como Leonardo, vecino de Santa Cruz Xoxocotlán, quien laboraba para una empresa privada involucrada en los trabajos.
El accidente ocurrió durante la madrugada de este miércoles 16 de septiembre, alrededor de las 3:30 horas, de acuerdo con la información proporcionada. El contacto con la infraestructura eléctrica habría provocado una descarga que terminó con su vida.
Más allá de la tragedia, el caso coloca sobre la mesa una serie de preguntas que deberán responder tanto la empresa responsable de los trabajos como las autoridades involucradas en la supervisión de la maniobra.
UNA MANIOBRA QUE TERMINÓ EN TRAGEDIA
Trabajar de madrugada, cerca de una línea de alta tensión y con maquinaria o estructuras de grandes dimensiones implica riesgos que requieren una planeación específica.
Por ello, una de las principales interrogantes será establecer cómo se diseñó y autorizó la maniobra.
Deberá determinarse si previamente se identificó la presencia de la línea eléctrica, si existía un perímetro de seguridad, quién estuvo a cargo de coordinar los trabajos y qué medidas fueron implementadas para impedir que los trabajadores o la estructura entraran en contacto con los cables.
También será necesario conocer si existían permisos, supervisión técnica y protocolos específicos para ejecutar una operación de esta naturaleza.
No se trata únicamente de determinar cómo ocurrió la descarga eléctrica, sino de establecer si el accidente pudo haberse prevenido.
EL SILENCIO QUE PREOCUPA
Tras el fallecimiento surgieron cuestionamientos sobre la atención que recibió el trabajador y sobre la disponibilidad de servicios de emergencia durante los momentos posteriores al accidente.
De manera extraoficial se señaló que no habría habido una ambulancia disponible a través del sistema de emergencias 9-1-1 y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).
Este señalamiento deberá ser confirmado o descartado por las autoridades correspondientes.
Si efectivamente existió una demora o falta de disponibilidad de una unidad médica, será importante conocer cuánto tiempo transcurrió desde el accidente hasta que se solicitó ayuda, qué unidades fueron movilizadas y cuál fue la respuesta del sistema de emergencias.
En una situación donde una descarga eléctrica puede provocar lesiones críticas en cuestión de segundos, la respuesta médica puede convertirse en un factor determinante.
EL MUNICIPIO MARCA DISTANCIA
El Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez confirmó el fallecimiento, pero precisó que se trataba de un trabajador de una empresa privada.
En su tarjeta informativa, el Ayuntamiento señaló que elementos de la Policía Municipal acudieron a la colonia Eucaliptos, en la agencia de Pueblo Nuevo, donde encontraron al trabajador “sin signos vitales al interior de una camioneta de la empresa para la que laboraba”.
La versión municipal agrega que en el sitio se encontraba el conductor, quien explicó a los agentes lo ocurrido.
Según esa información, el trabajador habría sufrido una caída en la carretera hacia San Lorenzo Cacaotepec, Etla, y posteriormente fue trasladado en una camioneta con la intención de conseguir atención médica.
Durante el trayecto, el conductor se habría percatado de que ya no presentaba signos vitales.
El Ayuntamiento informó que dio aviso a la autoridad ministerial y que ésta realizó las diligencias correspondientes.
“SERÁ ESTA INSTANCIA LA ENCARGADA”
El Municipio sostuvo que corresponderá a la autoridad ministerial establecer qué ocurrió.
“Será esta instancia la encargada de determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y la causa del fallecimiento”, señala la tarjeta informativa.
La postura municipal busca dejar en manos de la investigación ministerial la determinación de responsabilidades.
Sin embargo, eso no elimina la necesidad de revisar las condiciones bajo las cuales se realizaron los trabajos.
Aunque el trabajador perteneciera a una empresa privada, si la maniobra estaba relacionada con una actividad autorizada, contratada, coordinada o supervisada por alguna instancia municipal, será necesario establecer qué responsabilidad correspondía a cada actor.
La pertenencia laboral del trabajador no responde por sí sola a esa pregunta.
¿QUIÉN AUTORIZÓ LA MANIOBRA?
Aquí se encuentra uno de los puntos centrales del caso.
Si había una línea de alta tensión en el área de trabajo, resulta indispensable conocer si fue identificada previamente y qué medidas se adoptaron para mantener una distancia segura.
También deberá esclarecerse:
¿Quién contrató a la empresa?
¿Qué empresa estaba a cargo de los trabajos?
¿Quién coordinó la maniobra?
¿Existía un responsable de seguridad en el sitio?
¿Se realizó previamente una evaluación de riesgos?
¿Se identificó la infraestructura eléctrica?
¿Qué distancia de seguridad se estableció respecto de la línea?
¿Existían permisos o autorizaciones para realizar los trabajos?
¿Qué equipo de protección utilizaban los trabajadores?
¿Había supervisión durante la maniobra?
¿Se contaba con un plan de emergencia ante un accidente?
Responder estas preguntas permitirá pasar de una explicación circunstancial a una reconstrucción completa de lo ocurrido.
UNA MUERTE QUE NO DEBE REDUCIRSE A “UN ACCIDENTE”
Llamarlo simplemente accidente podría resultar insuficiente si la investigación encuentra que existieron omisiones, falta de supervisión o incumplimiento de protocolos.
Un accidente laboral puede ser imprevisible, pero también puede ser consecuencia de una cadena de decisiones.
Por eso, la investigación deberá establecer si existieron condiciones inseguras antes de que comenzara la maniobra y si alguien tenía la obligación de identificarlas y corregirlas.
La diferencia no es menor.
Determinar las causas permitiría saber si se trató de un hecho fortuito o de un evento que pudo haberse evitado con una adecuada planeación.
EL LLAMADO MUNICIPAL A EVITAR ESPECULACIONES
El Ayuntamiento pidió respeto para la familia y llamó a evitar la difusión de información no confirmada.
“Ante la pérdida de una vida, lo más importante es actuar con sensibilidad y responsabilidad, respetar el dolor de la familia y permitir que las autoridades competentes realicen su trabajo”, señaló.
El llamado es pertinente frente a versiones que circulan sin respaldo documental.
Pero el respeto a la familia y la investigación de posibles responsabilidades no son asuntos contradictorios.
Precisamente porque se trata de una muerte, esclarecer las circunstancias resulta indispensable.
La familia tiene derecho a conocer qué ocurrió, mientras que la sociedad tiene derecho a saber si las condiciones en las que se realizó una actividad representaban un riesgo que pudo ser identificado y prevenido.
LA INVESTIGACIÓN TIENE VARIAS RUTAS
El Ministerio Público tendrá que establecer la causa del fallecimiento y reconstruir las circunstancias del accidente.
Paralelamente, las autoridades laborales y administrativas que correspondan podrían revisar las condiciones de seguridad en las que se desarrollaba la actividad, dependiendo de las competencias y responsabilidades involucradas.
También deberá aclararse la participación de la empresa privada y, en su caso, de las autoridades o particulares que hayan contratado, autorizado, coordinado o supervisado los trabajos.
Por ahora, no existe información pública suficiente para atribuir responsabilidad penal o administrativa a una persona determinada.
Pero sí existen elementos suficientes para plantear preguntas que una investigación seria deberá contestar.
