Uniformados de la Policía estatal, con presunto apoyo de elementos de la Guardia Nacional división Caminos, desalojaron alrededor de las 15:00 horas a manifestantes, transportistas y habitante de la zona de los coatlanes que mantenían retenidas algunas unidades de transporte público concesionado y hacían presencia en el kilómetro 92 de la súper carretera Barranca Larga-Ventanilla.
Las autoridades recurrieron a la fuerza para liberar la vía, a pesar de que los inconformes no impedían el tránsito vehicular pero, de acuerdo con testigos, retenían a unidades de línea de primera clase por presuntamente violar acuerdos con la comunidad y con autoridades.
Alrededor de las 11:00 horas de hoy jueves, pasajeros del transporte público señalaban que fue detenido su paso por habitantes y unidades presuntamente concesionadas de la zona de coatlanes que brindan el servicio Oaxaca-Puerto Escondido.
En ocasiones previas, pasajeros habían denunciado que eran bajados de las unidades y obligados a continuar su camino en camionetas tipo urvan e impedidos en viajar en autobuses de línea.
Problema recurrente
Apenas el fin de semana iniciado el 28 de marzo pasado los transportistas retuvieron el tránsito de cinco autobuses de línea con más de 200 pasajeros rumbo a Puerto Escondido y Huatulco; mientras que autos particulares circulaban sin complicaciones.
Los presuntos concesionarios y habitantes de los coatlanes exigen a Caminos y Puentes Federales exonerarlos del pago de la cuotas de peaje a sus volteos y a unidades tipo Urvan de transporte público. Además, intentan imponer el número de corridas de autobuses de línea y empujar a usuarios a usar la línea de transporte de su propiedad, recién creada, y presuntamente propiedad de los habitantes de los coatlanes.
En diciembre pasado, los habitantes de la zona, liderados por presidentes y funcionarios municipales, realizaron numerosos bloqueos en la supercarretera aprovechando la temporada vacacional bajo el argumento de incumplimiento de acuerdo por parte de autoridades, en ese entonces, el secretario de gobierno, Jesús Romero, acusó a los inconformes de intentar imponer constructoras para realizar obras a modo y por ello el móvil de las protestas.
Los transportistas que han bloqueado la zona pertenecen a las organizaciones Villa Escondida, Villa del Pacífico, Bahía Colotepec, Oaxaca Pacífico, Huatulco 2000, Eclipse 70, Colombos Huatulco, y Líneas Unidas.
Reacciones al desalojo
En su cuenta de X alrededor de las 15:10 horas de este jueves Caminos y Puentes Federales de Ingreso (Capufe) difundió un escueto mensaje que señalaba “se retiran manifestantes de la autopista (sic) Barranca Larga – Ventanilla, km 92, dirección Ventanilla. Se retiran los manifestantes. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución”, confirmando la liberación de la vía.
Minutos después de la liberación-desalojo de los inconformes, presuntos conductores aglutinados en la organización Transportistas Unidos de Oaxaca emitieron un comunicado en donde “exigen justicia tras brutal ataque a manifestantes pacíficos”.
En el comunicado los Transportistas Unidos aseguran defender sus “derechos laborales” y afirman que existió una violenta represión sufrida por un grupo de manifestantes que se encontraba en un filtro.
Según los transportistas “se exigía un trabajo igualitario y justo y fueron atacados con excesiva fuerza, resultando en la detención arbitraria de tres miembros de la línea Bahías Colotepec: Mariano Jarquín Jiménez (55 años), Marino Ramírez Alonso (55 años) y Mario Uriel Jarquín Ramírez (35 años). En la actualidad, se encuentran en la comisaría de policía estatal de Santa María Colotepec.
Ante la negativa de condonar pago de peajes, las unidades de transporte, muchas de ellas arrancadas concesiones como parte de las negociaciones con las comunidades, elevaron el precio del peaje de 300 a 350 pesos, apenas el 4 abril.
En el mensaje, los transportistas inconformes insisten “no buscamos confrontación, sino diálogo y una solución que beneficie a todos los oaxaqueños”, concluyeron.
Acto castigable
En diciembre de 2021, el Congreso aprobó reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación para castigar con cárcel de hasta siete años y multas de hasta 44 mil 810 pesos a quien realice bloqueo de casetas o a quien restrinja parcial o totalmente el tránsito de los medios de transporte que circulan por las vías generales de comunicación. El impedir el tránsito en vías federales de comunicación es un delito federal. No se ha aplicado sanción alguna.
