Julio César fue sentenciado por la juez Primero Penal a 86 años y un día en prisión por su responsabilidad en la comisión de los delitos de secuestro, homicidio calificado con las agravantes de alevosía y ventaja, así como por inhumación clandestina en agravio de Brenda, joven estudiante de la Facultad de Derecho.
Trascendió que la juez al hallar responsabilidad en Julio César lo condenó a compurgar una pena de 30 años en prisión por el delito de secuestro, a cuya pena se le aumentan 55 años por el homicidio, más un año con un día en prisión por inhumación clandestina.
Con relación al caso, existen otras personas vinculadas en los ilícitos, entre ellos se encuentran: Teresita, Sonia, Alejandro y Pedro Antonio.
Según el expediente penal 15/2015, desprendido de la averiguación previa 931(SADAI)/2013, el día jueves 7 de noviembre de 2013, a las 15:00 horas, la joven estudiante de la Facultad de Derecho salió de su domicilio, no sin antes escribir un recado a su mamá y dejárselo en el comedor, en el cual le decía que no pasara por ella porque era cumpleaños de su compañero e iría a cenar con todos sus amigos, pero que cualquier cosa que se le ofreciera le marcara.
Más tarde, cuando la mujer estaba en su casa, recibió una llamada a su teléfono celular, proveniente del móvil de su hija, en la cual, un hombre con voz grave le decía: “Tenemos secuestrada a tu hija, nos tienes que entregar 700 mil pesos”.
“Si quiere volver a ver a su hija tendrá que darnos ese dinero, no vaya a dar parte a la policía porque entonces se la entregaremos en pedacitos (…), ya sabemos dónde vive, mañana nos comunicamos contigo para ver lo del dinero”.
La madre de la víctima contó lo sucedido a sus familiares, quienes le recomendaron que diera parte a la PGJE y fue así como denunció.
En tanto, los plagiarios estrangularon a la joven cuatro días después de privarla de su libertad.
Las indagatorias
Realizadas las investigaciones y por una llamada anónima desde un penal, se supo que posiblemente los restos de la joven se encontraban inhumados clandestinamente en una vivienda localizada en San Pedro Ixtlahuaca.
Elementos federales fueron alertados que en la colonia Las Razas, en San Pedro Ixtlahuaca, en límites con Arrazola, Xoxocotlán, existía una fosa clandestina con dos personas muertas.
Tras lograr que un juez federal les autorizara un cateo, el sábado 27 de septiembre de 2014, un convoy integrado por el Ejército Mexicano y la Policía Federal entraron a la calle Circuito Maya. Luego de rodear el sitio, los federales pidieron apoyo vía aérea, por lo que un helicóptero sobrevoló la zona mientras realizaban la diligencia. De entrada, fueron aseguradas al menos tres personas que estaban en la casa.
Al confirmar que había huellas de que existía una fosa clandestina, avisaron a la Procuraduría estatal para que apoyara con su personal, por lo que llegó un grupo especializado.
El grupo revisó el inmueble, una construcción de cinco metros de frente por 10 de largo, de una sola planta, ventanas con vidrios gruesos e entintados, que impedían ver el interior.
En el lado poniente de la casa estaban otras dos habitaciones construidas de madera con base de polines y láminas. Justo ahí estaba la fosa, donde les explicó el reo. Hallaron la tierra removida debajo de un árbol de limas.
Auxiliados por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones comenzaron a cavar. Encontraron un cuerpo enrollado en cobijas. Al descubrirlo vieron se trataba de una joven a la que le calcularon 19 años, misma que estaba en completo estado de putrefacción.
Tenía atados pies y manos; además, estaba amordazada con cinta canela. Vestía un pantalón de mezclilla y al parecer una sudadera color azul. Debajo del cuerpo estaba otro bloque de cemento, el cual fue destruido por los investigadores.
Abajo estaba otro cadáver correspondiente a una mujer a la que le calcularon 30 años de edad. La mujer tenía la cabeza envuelta en cinta canela; también estaba atada de pies y manos. Una vez que los cuerpos de las mujeres fueron llevados al anfiteatro y se les hizo la necropsia se descubrió que ambas murieron asfixiadas.
La fosa, de dos metros y medio de profundidad quedó abierta para continuar investigaciones.
Vecinos aseguraron que en esa casa vivía doña Flora con sus hijos. Incluso dijeron que la mujer acababa de salir de la cárcel cuatro meses antes. Detallaron que todo indicaba que estuvo presa por un delito de orden federal pues le encontraron armas de fuego. Añadieron que sus hijos son Teresa y Pedro, pero que nunca vieron que viviera nadie más.
Sin embargo, sí se les hacía raro que por las noches llegaba un taxi foráneo, pero parecía algo rutinario; fuera de eso, no vieron nada anormal.
Pruebas científicas
Peritos especialistas sacaron muestras de ambas mujeres y comenzaron a realizar estudios con las muestras de ADN de personas desaparecidas.
A través del estudio de Ácido Desoxirribonucleico (ADN), después de cinco meses de pruebas, se determinó que el cuerpo correspondía a la de la joven estudiante de derecho.
Explicaron que esta prueba es la más precisa como método disponible para determinar la paternidad y otras relaciones familiares.
Enseguida, siguió la penosa tarea de informarle a la madre de la víctima, la noticia que acabaría con meses de angustia de no saber de su hija y que confirmaría sus peores sospechas.
Al realizar la diligencia formal, el ama de casa informó que su hija tuvo su domicilio en la colonia Santa Cecilia, en Santa Lucía del Camino.
Confirman detención
Tras el cateo la Procuraduría informó que se había logrado la captura de Alejandro y su esposa Sonia, turnados ante el juez Tercero de lo Penal.
A Coronel y a Sonia, se les involucra en los delitos de secuestro, homicidio e inhumación clandestina.
Según informes de la PGJE, Sonia confesó su participación, además de que detalló las actividades que realizaba su esposo.
Actualmente, Sonia se encuentra presa en el Centro de Internamiento Femenil de Tanivet, Tlacolula, en tanto que Alejandro se encuentra recluido en la Penitenciaría Central, en Santa María Ixcotel.
