Además de las deudas y déficit financiero, el gobierno del expresidente Oswaldo García Jarquín heredó irregularidades por la ejecución de obra pública en la ciudad de Oaxaca, correspondiente al ejercicio fiscal 2020. En su reciente informe, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que la administración municipal tiene pendiente por aclarar 81 mil 340. 40 pesos (más rendimientos generados) por la construcción de un muro de contención en la agencia San Luis Beltrán. Este monto corresponde a conceptos pagados, pero no ejecutados.
La obra, ubicada en Prolongación de Reforma Norte, se realizó con recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). El municipio de Oaxaca de Juárez, con el contrato SPLOP/FIII130/2020, reportó que para la construcción del muro se emplearon 2 millones 405 mil 400 pesos. Estos son parte de los 126 millones 514 mil 900 pesos que del FISMDF otorgó la Federación al municipio para obras de este tipo, y que fueron analizados en su totalidad por la ASF.
Si bien “se constató que dicha obra se encuentra concluida y operando”, la ASF detalló que entre los conceptos pagados y no ejecutados con los más de 81 mil pesos por aclarar están la limpieza, trazo y nivelación del terreno; la colocación de una plantilla de concreto simple, mampostería y suministro y colocación de filtro a base de grava seleccionada.
En su informe de la cuenta pública 2020 y tras el análisis de los más de 126 millones de pesos desprendidos del FISMDF, la ASF informó que “se determinaron 18 resultados, de los cuales, en 14 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este informe. El restante generó un pliego de observaciones”, que es el de los más de 81 mil pesos por aclarar.
Los más de 126 millones de pesos de recursos federales fueron empleados en 92 obras. De estas, 39 se adjudicaron por el procedimiento de licitación pública; 20, por invitación restringida, y 33, por adjudicación directa.
A decir del ente auditor, no se excedieron los montos máximos para cada modalidad de contratación establecidos en las disposiciones jurídicas.
