La determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el amparo interpuesto por Artículo 19, para exigir al Congreso de la Unión que reglamente el uso de recursos públicos del gobierno en comunicación social, será un avance para evitar el dispendio multimillonario que ha realizado el Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, que al final de su administración habrá utilizado inconstitucionalmente 60 mil millones de pesos en este rubro, aseguró la periodista Carmen Aristegui.
“El proyecto que elaboró el ministro Arturo Zaldívar es muy interesante, porque va a votar la Corte el amparo de Artículo 19 que presentó por omisión, para sancionar no lo que han hecho, sino lo que no han hecho las autoridades, el Congreso y el Ejecutivo en algo que es crucial para darle la vuelta al tipo de información que tiene México, que es el dinero público”, aseguró.
En un conversatorio que sostuvo con el director de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, Guillermo Quijas, y con el corresponsal de Proceso en Oaxaca, Pedro Matías, la periodista señaló que la falta de una ley reglamentaria para el artículo 134 de la Constitución ha permitido que el gobierno haga un uso discrecional de los recursos que da a medios de comunicación y con ello castigue a periodistas y comunicadores críticos.
Aristegui apuntó que de acuerdo con una estimación de la organización Fundar, el gobierno federal gastará al final del sexenio 60 mil millones de pesos, que si se contrasta con los 18 mil millones de pesos que se invertirán en 2018 para la reconstrucción de zonas afectadas por sismos “es un despropósito, algo obsceno”.
Si esto se reglamenta, agregó, “le daría un vuelco muy importante al tema del ejercicio periodístico en México, si se transparenta y se reglamenta lo que es el uso de millones de pesos de forma discrecional, entonces podemos esperar algo mejorcito”.
México no puede tolerar más violencia contra periodistas
De igual forma, la presentadora de Aristegui Noticias y CNN en español, lamentó que en el sexenio de Peña Nieto se haya agudizado la violencia contra periodistas, con 38 asesinados desde 2010, 13 en 2017.
“México no puede tolerar más asesinatos como el de Javier Valdez, ocurrido en 2017, como el de Miroslava Breach, alguien que aportó tanto para investigar las implicaciones del narcotráfico y las autoridades en municipios de Chihuahua y que perdió la vida, precisamente por lo que revelaba”.
Sobre el asesinato de Valdez Cárdenas, uno de los fundadores de la revista Río12, preocupado no “solo a hablar del asesinato de un miembro del cártel de Sinaloa, sino a ir por las historias en donde se rompía la frontera entre víctimas y victimarios”, señaló que es un caso paradigmático porque si bien no trabajaba en un medio con presencia nacional o mundial, “escribía en un medio cuyo impacto era extensivo a muchos otros medios y a pesar de eso, de la visibilidad, el reconocimiento, que además iba de muchos premios acompañado, no significó nada a la hora de acribillarlo a las 12 del día en las calles de Culiacán”.
Ante estas circunstancias, dijo, en las qué hay suficientes evidencias de que el gobierno a diversos niveles está involucrado con el crimen organizado, se requiere “una reinvención nacional” porque ahora, la pregunta que queda, señaló, es ¿a qué hora las autoridades del Estado mexicano van a actuar?”
