Costa Rica
El Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José condenó a 12 años de cárcel a un cirujano por el delito de trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos, mientras que un comerciante griego recibió 8 años por trata de personas, confirmó hoy el Ministerio Público.
La oficina de prensa del Ministerio Público de Costa Rica confirmó la sentencia dictada ayer sobre los hechos atribuidos a los imputados, que se investigaron entre mayo de 2013 y julio de 2014, cuando la organización criminal realizó al menos 14 trasplantes de riñón a personas extranjeras, principalmente israelíes.
Los órganos provenían de costarricenses en condiciones sociales de vulnerabilidad, a quienes les pagaban a cambio de los riñones entre 6 mil y 20 mil dólares.
El jefe de nefrología del estatal Hospital Calderón Guardia, identificado como Francisco Mora Palma, de 68 años, deberá pagar 12 años de prisión por ser el líder de la organización que se encargaba de localizar a clientes que requirieran un trasplante de riñón, así como por buscar a personas de bajos recursos económicos para ofrecerles dinero a cambio.
Mora Palma también fue declarado como responsable del delito de peculado de uso, que consiste en utilizar instalaciones de instituciones públicas con fines ilícitos.
El griego, de apellidos Katsigiannis Karkasi, condenado por el delito de trata de personas, era propietario de una pizzería en alrededores del hospital, en donde ubicaba a personas en condición de vulnerabilidad económica y les ofrecía dinero a cambio de la extracción de órganos.
Por su parte, los médicos de apellidos Mauro Stamati, Fonseca Guzmán y Monge Monge, quienes eran sospechosos de realizar las extracciones de riñón en dos hospitales privados de San José, resultaron absueltos por duda.
“Para el Tribunal en relación con los imputados Mora Palma y Katsigiannis Karkasi, considera que la conducta es típica de la delincuencia acusada. Para el Tribunal quedó acreditado que Francisco Mora Palma en su carácter de médico nefrólogo se prevalió de tal profesión para crear un grupo (…) para proceder a reclutar personas que estuviesen disputas a dar su órgano a cambio de un pago”, afirmó en la sentencia la jueza del Tribunal, Lorena Blanco.
Las personas que vendieron sus órganos no serán acusadas por ningún delito, ya que se encontraban bajo una situación de vulnerabilidad.
El tráfico ilegal de órganos es un delito castigado por tres leyes en Costa Rica. La sanción más fuerte la establece la Ley contra la trata de personas, que impone de 8 a 16 años de cárcel a quien posea, transporte, venda o compre de forma ilícita órganos, tejidos o fluidos.
